El subdelegado del Gobierno, Fernando Calahorro, empleó ayer los términos «batida importante» para referirse a las inspecciones que Policía Nacional y Guardia Civil están haciendo desde hace meses a los servicios de seguridad privada que contratan ayuntamientos y empresarios. Buscan a quienes campan en el sector sin reunir los requisitos mínimos para operar en él. En román paladino, 'matones' y empresas 'pirata'. Haberlos haylos, pues se han abierto 58 expedientes en el último año y medio.Se está actuando con contundencia. Calahorro precisó que las sanciones derivadas de estos expedientes son «importantes» en términos económicos. Más aún: alguno puede incluso haber incurrido en responsabilidades penales que dirimirá la Justicia.Uno de los aspectos donde la seguridad privada cobra cada vez más peso es en la vigilancia de los polígonos industriales. «Su protección corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sólo existen problemas en algunos puntos concretos. Porque la tasa de criminalidad de la provincia está en la mitad de la media andaluza» subrayó.Poco interés empresarialEl subdelegado explicó que tanto Policía como Guardia Civil están dando formación a los empresarios para que aprendan a proteger sus negocios. Con algunas sorpresas: unas jornadas celebradas en mayo para industriales jienenses con participación de expertos de la Policía contó con la asistencia «del 2% del empresariado».Otro aspecto que ha constatado Calahorro de fuentes del sector de la seguridad privada es que se están contratando alarmas para proteger inversiones millonarias «sin mucho rigor», en referencia a la mala calidad -y bajo precio- de lo que se compra. Aunque no entró en la reciente desaparición del servicio de seguridad común en el Polígono de Los Olivares, motivado porque sólo lo financiaban 80 ó 90 de los más de 600 empresarios allí instalados. Y el mensaje es claro: «No se puede poner un policía las 24 horas en las puertas de cada negocio. Los empresarios deben saber que la seguridad forma parte de sus inversiones.El subdelegado informó de este extremo tras reunirse con representantes del sector de la seguridad privada y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la Comisión Provincial de Seguridad Privada. Allí se abordaron cuestiones operativas como la formación de los vigilantes privados y su relación con las armas y la Policía y la Guardia Civil. «En Jaén se trabaja bien. Hay una buena cooperación», indicó Calahorro. El sector se encuentra en un momento de instabilidad, pues hay una fuerte tendencia a la concentración empresarial. Así, calahorro explicó que de los más de 50 operadores que hay actualmente en la provincia se espera que a medio plazo sobrevivan alrededor de 30.