En pleno debate por la falta de seguridad en León que denuncian los comerciantes y los vecinos, existe un dato revelador que refleja esta preocupación: el gasto en seguridad privada se ha disparado en los últimos tiempos tanto en los establecimientos comerciales como en las viviendas.
De este modo, mientras que las diferentes asociaciones de comerciantes leonesas coinciden en reclamar más protección y se muestran preocupados por el aumento de la delincuencia, las empresas de seguridad señalan que se ha producido “un incremento notable” de la demanda de sistemas de seguridad.
Roberto Verdejo, responsable de Desecom, una de las empresas del sector, revela que “en los últimos meses se ha producido un aumento en las peticiones para colocar medidas de seguridad, como, por otra parte, suele ocurrir siempre en épocas de crisis”.
Desde Desecom aseguran que son las cámaras de vigilancia y las alarmas las que actualmente más se están instalando en todo tipo de domicilios y locales.
Por su parte, las asociaciones de comerciantes de León continúan clamando la sensación de inseguridad que siente el sector. El presidente de la Asociación Leonesa de Comercio (Aleco), Javier Menéndez, señala que “en el comercio hay butrones, robos, amenazas. Pedimos lo mismo que cualquier ciudadano y que León vuelva a ser la ciudad tranquila que era”, aseguró en el homenaje a la ex presidenta de la asociación, María Teresa García Flórez, fallecida tras ser apuñalada mortalmente durante un robo con intimidación.
Menéndez, en representación de Aleco, que tiene más de 250 socios, denuncia que “ahora se registran más atracos y sólo pedimos más presencia policial”.
La Asociación Centro León Gótico, a la que pertenecen unos 200 comerciantes, se muestra en la misma línea. “Pedimos más control y que las administraciones se preocupen por reinsertar a los delincuentes”, asegura la vicesecretaria, Cristina Fernández. Por otro lado, el vocal de la Asociación de Comerciantes León Oeste (Aclo), Fernando Carnero, se muestra reticente a hablar de psicosis pero sí advierte que “hay mucha preocupación y miedo. Pasan cosas que antes no pasaban y se producen robos con más agresividad que antes”; respecto a una posible solución, de momento, desde Aclo reclaman más presencia policial. “Ver pasar una patrulla transmite mucha tranquilidad”, concluye.
Por último, la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) ha trasladado al Ayuntamiento la “preocupación grande” existente entre la ciudadanía leonesa y, con carácter concreto, entre el comercio local por la problemática de la seguridad ciudadana.

http://www.la-cronica.net/2008/11/27/leon/el-gasto-de-seguridad-privada-en-comercios-y-viviendas-se-dispara-18289.htm

Una treintena de activistas 'okuparon' este mediodía el Saló del Tinell, en la plaza del Rei de Barcelona, en protesta por la orden de "desalojo preventivo" de un centro social 'okupado' del barrio del Poblenou. Los activistas consideran una "vergüenza" que se ordene desalojar local ocupado hace un año cuando llevaba 30 abandonado.

Poco antes de las 13 horas una veintena de jóvenes entraron por la puerta la capilla de Santa Àgata, que da acceso al Saló del Tinell y es la salida del Museo de Historia de la Ciudad. Minutos después, otro grupo de unos 25 jóvenes se apostaron en la puerta y la escalinata de acceso al histórico edificio, según pudo comprobar Europa Press.

Varios de los jóvenes del exterior intentaron entrar también al museo, pero, a pesar de algún forcejeo y discusión, dos vigilantes de seguridad se lo impidieron. Poco después sí lo consiguieron cinco o seis.

Los 'okupas' eligieron el Saló del Tinell como símbolo por ser el antiguo palacio de los Condes de Barcelona, actual museo de la ciudad y lugar donde se firmó el pacto del primer Govern tripartito de la Generalitat en 2003.

Acto seguido llegó al lugar el jefe de seguridad del museo, que habló con los 'okupas' sobre los motivos de la acción. Mientras tanto, los visitantes del centro salían sorprendidos por la movilización. Dos grupos escolares también se vieron sorprendidos por la acción, aunque, ante los saludos de los 'okupas' a través de las ventanas del Saló, se lo tomaron con humor y se interesaron por los motivos de la protesta.

Finalmente, sobre las 13.30 horas, una patrulla de la Guardia Urbana y otra de los Mossos d'Esquadra llegaron a la plaza del Rei. Tras hablar con el jefe de seguridad del museo y con los portavoces de los 'okupas', los jóvenes se comprometieron a abandonar el edificio pacíficamente a las 14 horas, cuando el museo cierra a los visitantes.

Llevaban camisetas, pancartas y panfletos lilas con el lema 'Quieren desalojar la Teixidora. ¡Qué vergüenza! No volverán a silenciar las utopías del Poblenou'. También llevaban una gran fotografía con el estado del edificio justo antes de ser 'okupado' y que mostraba un estado total de abandono y gran cantidad de escombros y objetos viejos.

Los jóvenes se quejan de que el centro social La Teixidora, un edificio de planta baja y dos pisos ubicado en el centro histórico del Poblenou, en el número 35 de la calle Marià Aguiló, puede ser desalojado en breve por orden judicial.

EDIFICIO EMBLEMÁTICO

El edificio, de estilo modernista, fue construido a principios del siglo XX por partidarios del político Francesc Pi i Margall y se dedicó a entidades federalistas, republicanas y de izquierdas. Por ello, tras la Guerra Civil, fue incautado por las autoridades franquistas y fue la sede de la Falange en el barrio.

Hace unos 30 años quedó abandonado y se deterioró. En otoño del año pasado un grupo de jóvenes entró en el edificio, lo rehabilitó y durante este tiempo han realizado charlas, talleres y otras actividades.

Vigilantes de seguridad contratados por la Plataforma para la distribución del mejillón gallego (Pladimega) iniciaron esta noche la vigilancia en las rías para intentar evitar los sabotajes que se vienen produciendo en los parques de cultivo, según indicó hoy su portavoz, Julián García.

Vigilantes de seguridad contratados por la Plataforma para la distribución del mejillón gallego (Pladimega) iniciaron esta noche la vigilancia en las rías para intentar evitar los sabotajes que se vienen produciendo en los parques de cultivo, según indicó hoy su portavoz, Julián García.

En la ría de Arousa vigilaron las aguas dos lanchas con un patrón y un guardia jurado a bordo cada una, mientras que en las de Pontevedra y Vigo la vigilancia la realizaron una embarcación en cada una de ellas.

La decisión fue adoptada por unanimidad en una reunión celebrada por las asociaciones que integran la plataforma con la intención de evitar la escalada de sabotajes que en los últimos días vienen afectando a miembros del sector.

García señaló que "es necesario mejorar la coordinación, pero es normal al tratarse del primer día" aunque mostró su convicción de que la vigilancia privada contratada por Pladimega es "necesaria" para recuperar la tranquilidad, ya que había gente que apuntaba hacia Pladimega, según dijo.

"Lo único que quiere (Pladimega) es la unidad del sector", aseguró.

Julián García añadió que "en los últimos 15 días el precio del molusco bajó un 50 por ciento", una cuestión que, según confesó, ya tenían clara.

"Ya sabíamos que iba a pasar, a ver adónde llegará. Antes (el precio) lo aguantaba Pladimega, pero el mercado libre trae estas cosas", indicó.

El 'portero de discoteca' tendrá que superar dos exámenes para ejercer sus funciones en cuanto a controlar el derecho de admisión en espectáculos, establecimientos públicos y locales de ocio de la Comunitat Valenciana. Las pruebas incluirán conocimientos teórico-prácticos jurídicos, pruebas psicológicas, conocimientos de primeros auxilios y un test psicotécnico análogo a que realizan los policías locales.

Así lo establece el borrador del decreto de la Generalitat presentado hoy en rueda de prensa por el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, tras presidir la reunión de la Comisión de Espectáculos. Este texto, que ampliará el ya existente desde 2001, pretende "profesionalizar" esta figura ya que, en su opinión, "los últimos acontecimientos han demostrado que cualquiera no puede ejercer el derecho de admisión".

En la prueba teórico-práctica, se exigirán unos contenidos jurídicos como el conocimiento de las normas específicas como el derecho de admisión, la Ley de Espectáculos Públicos, de horarios de locales de ocio, hojas de reclamaciones, drogodependencias, entre otras.

"Además, para poder ejercer el derecho de admisión, en el examen teórico también se les pedirán nociones sobre psicología, porque quienes desempeñan esta tarea deben saber cómo actuar en situaciones de peligro y tener habilidades sobre perfiles de conducta o comportamiento en estado de embriaguez por consumo de alcohol o estupefacientes, así como conocimientos en primeros auxilios para atender situaciones de asistencia sanitaria inmediata", explicó Castellano.

Se realizarán dos convocatorias del examen al año y la primera se iniciará en el segundo trimestre de 2009. Además, a los cuatro años deberán volver a repetir la prueba para garantizar de este modo el continuo reciclaje y la actualización de la preparación de estos profesionales.

Habrá una serie de requisitos que deberán cumplir aquellos que se presenten a las pruebas y aspiren a ejercer el derecho de admisión como es ser mayor de edad, ser español, ciudadano de la Unión Europea o estar en posesión del permiso de residencia y trabajo. Además, no podrán trabajar como 'porteros de discoteca' aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos contra las personas o el patrimonio.

Los aspirantes deberán también estar en posesión, como mínimo, del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional en Grado Medio o equivalentes.

Asimismo, el conseller matizó que no se puede confundir derecho de admisión con seguridad privada y ha indicado que los profesionales que ejerzan el servicio de admisión "en ningún caso pueden emplear la fuerza física". En este punto, indicó que los vigilantes de seguridad sí podrán ejercer el derecho de admisión siempre y cuando superen las pruebas que establece la Generalitat y que les acredite para ello.

Las personas que ejerzan el derecho de admisión en los locales de ocio tendrán que ir claramente identificados como "servicio de admisión" y la Generalitat expenderá un carnet acreditativo de la profesionalidad de quien lo lleva.

Para tener un control de estos profesionales la Generalitat "creará un registro del personal del servicio de admisión en el que constará si dicha habilitación se revoca o suspende, cosa que puede suceder si no se cumple la normativa o se excede en sus funciones".

"En definitiva, con la elaboración de este Decreto que regula el Derecho de admisión, el Consell da un paso más para garantizar la máxima calidad y la tranquilidad de los ciudadanos que acuden a los locales de ocio de la Comunitat Valenciana", concluyó el conseller de Gobernación.

Unos 80 trabajadores de seguridad privada que realizan sus servicios para la Xunta se concentraron este jueves delante del edifico administrativo de San Lázaro para reclamar la equiparación salarial con el personal laboral de la administración pública.

Bajo el lema 'Seguridade en loita', los vigilantes de los servicios centrales de la Xunta y de las delegaciones provinciales se quejaron por una situación que afecta a unas 90 personas en Galicia.

La CIG pide que el servicio vuelva a ser público
La Confederación Intersindical de Galicia (CIG) también reclama que este servicio vuelva a ser público.

El secretario Nacional de la Federación de Servizos de la CIG, Paulo Rubido, explicó que estos vigilantes están sujetos a un convenio colectivo estatal con unas condiciones inferiores al personal laboral, con un horario laboral muy superior, sufriendo desregulación horaria, con unas diferencias económicas que rozan los 3.000 euros anuales y sin tener complementadas las prestaciones en caso de baja.

Rubido también anunció que esta será la primera de una serie de movilizaciones que el sector protagonizará en los próximos meses.

La patronal se niega a negociar
Por su parte, los sindicatos UGT, CC.OO. y USO (Unión Sindical Obrera), que representan al 97% de los trabajadores del sector de la seguridad privada en España, han anunciado la convocatoria de una serie de movilizaciones en respuesta a la actitud de la patronal.

Ésta manifestó que las reivindicaciones de estas organizaciones no podían ser abordadas antes del año que viene y que no se podían exponer a negociación cuestiones económicas vinculadas al Convenio.

La convocatoria de los tres sindicatos afecta a unos 95.000 trabajadores en España, 5.000 de los cuales trabajan en Galicia. La mayoría asegura que se ve en la necesidad de prorrogar su jornada laboral para cobrar un sueldo decente.

http://elprogreso.galiciae.com/nova/21159.html

Las elecciones estudiantiles al Claustro de la Universitat de València se están desarrollando con normalidad en todos los centros a pesar de las acciones de protesta que los estudiantes han emprendido contra la implantación del Plan Bolonia.

A estas horas, un grupo de estudiantes todavía continúa acampado en la Facultad de Derecho, aunque su presencia no ha alterado el desarrollo de los comicios, según han reconocido fuentes próximas al Decanato.

Estas mismas fuentes han negado que la Policía haya ocupado el Campus, tal y como habían denunciado algunos estudiantes esta mañana. Aseguran, por el contrario, que los responsables del centro no han ejecutado la orden de desalojo enviada por el Rectorado al entender que la protesta pacífica no influía en las elecciones al Claustro.

Al parecer, los vigilantes de seguridad del campus universitario de Tarongers han intentado a primera hora de la mañana desalojar a los estudiantes acampados en la Facultad de Derecho.

La oposición, no violenta, de los alumnos y el respaldo de algunos profesores que consideraban improcedente la medida han evitado en primera instancia el desalojo. En ese momento, en la Facultad se concentraban ya unos 150 estudiantes, convocados vía sms por la Asamblea de Estudiantes y los propios alumnos de la facultad.

Esta tarde, este órgano estudiantil ha expresado su condena por la "actitud del Rectorado de la Universitat de València de intentar criminalizar" a los movimientos contrarios al plan Bolonia. Asimismo, expresaron su intención de mantener los encierros durante los próximos días.

Por su parte, el propio decano de Derecho, Carlos Alfonso, criticó los "graves" sucesos ocurridos el jueves cuando un grupo de unos 60 estudiantes ocuparon el Rectorado e interrumpieron el Consejo de Gobierno de la entidad, algo que consideró "inadmisible". "Se ha llegado a un punto que no se puede tolerar", agregó.

Señaló además que los estudiantes están ocupando un espacio "en el que no pueden estar" porque "hay salidas de emergencia, dependencias de la Universitat y están dificultando el acceso". Además, "hay quejas de profesores" e incluso diversas asociaciones de estudiantes han pedido el desalojo, según dijo el decano.

Alfonso defendió las reivindicaciones "legítimas" de los estudiantes, pero indicó que desde las Universidades no pueden "parar" el Proceso de Bolonia, por lo que la actitud que están manteniendo los estudiantes "no es el cauce de reclamación", consideraron.

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, reunida hoy en el Consejo Superior de Deportes, ha propuesto sendas multas de 3.500 euros al FC Barcelona y la Real Federación Española de Fútbol por deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores.

En ambos casos, la multa viene por no impedir la introducción al estadio de latas de cerveza, tres en el encuentro de la Liga de Campeones ante el Basilea, jugado el 4 de noviembre, y una en el caso del amistoso España-Chile. Igualmente, se proponen multas a la Unión Deportiva Las Palmas y al Deportivo Alavés, en el primer caso (3.500 euros) por no impedir la introducción de dos bengalas que fueron encendidas y lanzadas y una botella de 1,5 litros de agua en el encuentro ante el Tenerife, y el segundo (3.250 euros) por introducción de un cuchillo y una botella de vidrio ante el Girona.

Por lo que se refiere a aficionados, además de los infractores de las multas propuestas para los clubes, destaca una de 6.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos durante 24 meses a cinco aficionados que protagonizaron la agresión a un menor en las horas previas al partido y, posteriormente, fueron identificados por el agredido dentro del estadio cuando se burlaban y hacían alardes de haberle sustraído diversos objetos en el Gimnastic de Tarragona-Zaragoza.

Además, también en referencia al Las Palmas-Tenerife se propone una de 6.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos durante 12 meses a un aficionado que protagonizo diversos incidentes al negarse a ser cacheado y agredió a un funcionario y un vigilante de seguridad.

Los padres y madres del colegio público de Siete Palmas acusaron este martes al Ayuntamiento de la capital grancanaria de boicotear el sistema de acogida temprana de los niños, que supone la entrada de estos en el centro una hora antes del comienzo de las clases, al impedir a la vigilante de seguridad modificar su horario para abrir las puertas.

Antonio Martín Román, presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro, explicó a ACN Press que en su día el colegio había llegado a un acuerdo con el guardián de bienes -el funcionario titular de este servicio- del edificio para que, en lugar de aplicar su horario habitual, de 8:00 a 15:00 horas, lo modificase al tramo de 7:30 a 14:30 para poder abrir las puertas a los 58 niños inscritos en la acogida temprana.

Los problemas se iniciaron cuando el guardián de bienes cogió la baja laboral por enfermedad, hace casi un año, por lo que el Ayuntamiento lo sustituyó por una vigilante de seguridad con la que el centro llegó al mismo acuerdo. Sin embargo, explicó Martín Román, "a los pocos días nos dijo con que sus superiores [la Concejalía de Educación que dirige Marcela Delgado] le habían prohibido cambiar el horario".

La concejala de Educación, Marcela Delgado, explicó a esta agencia que mientras el guardián de bienes realizó ese servicio, es decir, adelantando el horario, "yo cerré los ojos por el bien de los niños y sus padres, aunque un centro no puede modificar los horarios de un funcionario", precisó.

Sin embargo, con su baja laboral y su sustitución por una vigilante de seguridad de una empresa contratada por el Ayuntamiento, la cosa cambió. "Yo tengo que mantener el mismo horario para todos los colegios por igual porque nos cuesta dinero, y si la Consejería quiere abrirlos antes, que lo pague, porque no es nuestra competencia", atrajó Delgado.

LA ACOGIDA SIGUE. En todo caso, esta polémica no ha conseguido acabar con la acogida temprana, pero sí ha provocado una seria distorsión en la prestación de este servicio, ya que los niños se ven obligados a esperar de pie en el hall del colegio hasta la llegada del portero.

La denuncia sobre las anomalías en la acogida temprana en el colegio de Siete Palmas fue hecha pública en primera instancia el pasado fin de semana por el comité local de Nueva Canarias, organización política que no tiene representación en el Ayuntamiento, que alegaba la suspensión de esta medida, si bien Antonio Martín aclaró que esta sigue en marcha, aunque -confesó-, de forma anómala.

http://www.laprovincia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008112500_4_191946__LasPalmasGC-padres-colegio-Siete-Palmas-acusan-Ayuntamiento-Palmas-Gran-Canaria-boicotear-acogida-temprana

Todos los fines de semana, botellón. Hasta ahí el asunto no sería noticia si no se celebrara en el patio de un colegio. Pero ocurre y es en el del Pablo García Baena, un centro ubicado cerca del Camping y que alberga con bastante frecuencia ese tipo de encuentros. Desde hace dos años, según relata la directora del colegio, es habitual que un grupo de gente --que no ha sido identificada de momento-- salte la valla del centro para resguardarse del frío y tomarse unas copas los sábados y los domingos aprovechando la ausencia de personal. "La sorpresa fue cuando además de cristales, botellas, pintadas y suciedad --lo que aparece cada lunes y es ya habitual-- encontramos unas balas de fogueo en el patio", explica la directora.

Inmeditamente, la dirección del colegio lo puso en conocimiento de las administraciones competentes y también lo denunció ante la Policía Local. Los agentes se personaron en el colegio y levantaron acta del suceso, que aún continúan investigando. La misma Delegación de Educación de la Junta ha enviado al Ayuntamiento, responsable de las cuestiones de seguridad y limpieza de los centros de la capital cordobesa, un requerimiento de información sobre los hechos que han tenido lugar en el colegio Pablo García Baena.

No es una circunstancia ni mucho menos aislada que los fines de semana algunos tomen los patios de los centros educativos. De hecho, una de las demandas más habituales de los equipos directivos es elevar las vallas o contratar vigilantes de seguridad para los fines de semana.

Los centros han recibido estos días un cuestionario para evaluar los servicios de seguridad y limpieza que ofrece el área municipal de Educación, dirigida por Elena Cortés. Se pretende analizar a través de los cuestionarios y por medio de reuniones de trabajo con los docentes de la capital estos servicios municipales, así como las posibles sugerencias para optimizarlos.

Un informe reciente de Consumer Eroski, que analizó 208 colegios españoles, concluyó que uno de cada cuatro colegios suspende en seguridad. Tras analizar la seguridad en espacios abiertos y cerrados o los planes de emergencia, Córdoba obtuvo un "aceptable" de nota media.

El juez de Instrucción número 43 de Madrid, José María Casado, suspendió hoy por un problema personal las declaraciones que tenía previsto tomar a los amigos de Álvaro Ussía, el joven de 18 años falleció tras recibir una brutal paliza supuestamente a manos de tres porteros del local, informaron fuentes jurídicas.

El magistrado aplazó las comparecencias, sin fijar una fecha para las mismas. Estaba previsto que declarasen cuatro de los amigos del fallecido que presenciaron su asesinato. Los chicos no pudieron hacer nada al ser retenidos por los vigilantes de seguridad que participaron en el crimen.

Los testigos sostienen que los porteros lanzaron al joven sobre una barandilla y lo arrastraron por las escaleras. Tras ello, Antonio S.S. le hizo un barrido para inmovilizarle y le dio una paliza. Acto seguido, se tiró a plomo sobre su pecho, rompiéndole las costillas y el pericardio.

El sumario sobre la muerte de Ussía recoge que el incidente que se produjo en el interior del local se inició por una riña que mantuvo Álvaro con un amigo. "Como consecuencia de la ingesta de alcohol, Álvaro bromea con Rafael L., a quien empuja, impactando con una chica rubia", señala el sumario. Tras ello, los porteros intervinieron para expulsarlos de la sala.

CONTRADICCIONES ENTRE LOS TESTIGOS

El atestado policial recoge contradicciones de los testigos al relatar cómo se produjo la expulsión del local. Varios de los amigos de Ussía afirmaron que Antonio Sánchez y David Alonso de Aubarede --otros de los acusados por el homicidio-- los sacaron por la fuerza, mientras que otros señalaron que 'Toño', que iba vestido con ropa de calle, no intervino en el interior de la discoteca, puesto que los que participaron en la expulsión "vestían traje negro", es decir, el uniforme que llevaban los empleados de seguridad de El Balcón.

"Dentro del local, un portero le dio un gancho en el rostro a Álvaro y le sacó", relató un testigo sin identificar al vigilante. "Lo sacaron bruscamente, arrollando a la gente con una violencia desproporcionada", especificó otro testigo. Otro joven contó que un vigilante irrumpió en la pista de baile y arrojó al suelo a Miguel H.S., uno de los amigos de Ussía.

En el exterior del local se encontraba el primo de Álvaro, a quien le mandó un SMS para que saliera para irse a casa porque vivían juntos en un chalet de Aravaca. "Vi a dos porteros sacar por la fuerza a mi primo y a Rafael", explicó el joven a la Policía. Una vez fuera, el fallecido empezó a insultar a los porteros y Rafael le recriminó que "por su culpa otra vez les habían echado de una discoteca". Según Rafael, "cuatro porteros se lanzaron contra él. Uno le hizo un barrido y lo tiró al suelo. Dos se retiraron y otros dos le patearon la cabeza".

"SU AGRESOR LE HIZO UNA LLAVE MARCIAL"

"Los porteros lanzaron a Álvaro por encima de una barandilla, lo arrastraron por las escaleras. En el suelo, le golpearon en la cabeza y le patearon todo el cuerpo", relató otro de sus amigos, quien añadió: "El autor de la agresión, un chico calvo, le hizo una llave marcial y le golpeó". Este testigo participó en las ruedas de reconocimiento practicadas el pasado lunes en las que identificó a Antonio Sánchez, manifestando con nerviosismo en la misma sala: "ese es el que se tiró encima y le rompió el pericardio".

La prima de Álvaro, con la que también vivía, relató a la Policía que un portero golpeó a su primo en la cabeza, por lo que se dio un golpe con una barandilla. "Dos vigilantes le sujetaron por los brazos y le hicieron un barrido. Le patearon la cabeza, el costado y la barriga". Ya inconsciente, según manifestó Rafael, "los porteros se ausentaron del lugar de manera precipitada".

Al ver a Álvaro tendido en el suelo, su primo llamó al 112 para alertar de lo ocurrido. Entretanto, dos socorristas que se encontraban en la discoteca trataron de auxiliar al joven. A su llegada, los sanitarios intentaron reanimarlo durante una hora, sufriendo dos paradas cardiorrespiratorias. Murió en el hospital por "rotura cardiaca traumática".

La Brigada de Delitos Informáticos de la Policía Nacional detuvo ayer a un vigilante de seguridad por difundir fotografías íntimas de una ex compañera de trabajo entre otros miembros de la empresa a través del correo electrónico, según publica El Mundo .

El vigilante trabajaba para la empresa Prosintel y desarrollaba tareas como jefe de vigilancia en la Consejería de Sanidad. La víctima, una ex compañera que continúa trabajando en la consejería, lo denunció el pasado 28 de octubre por el envío de fotos íntimas.

El hombre fue despedido por la empresa por una "falta muy grave". En la carta de despido se alude a comportamientos continuados despectivos que "menoscaban el derecho al honor y a la integridad personal de los trabajadores afectados".

El detenido utilizó el circuito cerrado de TV de la Consejería para grabar a sus compañeros con el fin de chantajearles por comportamientos comprometidos. Además, los amenazó con despedirles si no cumplían sus órdenes.

"Si declaras contra mí voy a sacar toda la mierda que tengo contra ti y te voy a hundir" dijo el individuo a la mujer que ahora le ha denunciado.

La Federación Española de Directores de Seguridad ha pedido a la Generalitat la regulación de los denominados "porteros de discoteca", unos trabajadores que "están haciendo labores de seguridad sin tener la formación jurídica, profesional e instrumental de un vigilante de seguridad", que es el que la ley acredita para estas funciones.
Según Alexis Martí, portavoz de la federación, la Ley de Seguridad Privada no regula esta figura, cuyas funciones deben limitarse a la "venta de entradas, información y poco más", por lo que las empresas se ven obligadas a contratarlos sin criterios específicos, muchas veces en gimnasios.
Así pues, cree necesaria una regulación urgente y con garantías de profesionalidad. El anuncio del conseller de Gobernación, Serafín Castellano, de que en la futura normativa se exigirá a estos porteros una prueba psicotécnica es insuficiente, ya que eso sólo sirve para acreditar que es apto para ese trabajo. La federación exige, además, se se hagan unos cursos de formación similares a los vigilantes de seguridad (curso de 180 horas y reciclaje de 20 horas anuales) y que se cree un registro de profesionales.
Proposición del PSPV
Por su parte, la portavoz de Justicia del Grupo Socialistas en las Corts, Josefa Andrés, ha presentado una Proposición No de Ley para que el Consell garantice la seguridad de los locales públicos, sobre todo en lo referente a la protección de menores y la regulación de los porteros. Recuerda que la Ley de espectáculos de 2003 sigue sin tener un reglamento que la desarrolle.

http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008112500_19_523786__Comunitat-Valenciana-jefes-seguridad-exigen-regulacion-porteros-discoteca

Los sindicatos UGT, CC.OO. y USO anunciaron hoy la convocatoria inmediata de movilizaciones en la seguridad privada por la "negativa" de la patronal a negociar "cualquier cuestión salarial" en el nuevo convenio colectivo, que afecta a más de 95.000 vigilantes de seguridad de toda España, más de 900 de ellos adscritos a las 14 empresas operativas en Cantabria.

Según precisó hoy el secretario general de la Federación de Servicios (FES) de UGT en Cantabria, Justo San Millán, estos tres sindicatos, que cuentan con el 97 por ciento de los representantes sindicales en la mesa de negociación de la seguridad privada, no pueden aceptar la "actitud intransigente" de los empresarios en todo lo relativo a las cuestiones salariales, "y más, cuando una gran mayoría de los vigilantes de seguridad se ven obligados a prolongar su jornada laboral para disponer de un salario mínimamente decente".

En nota de prensa, el responsable regional de FES-UGT recordó que los sindicatos presentaron en su momento una serie de reivindicaciones en la mesa de negociación del nuevo convenio colectivo que la patronal se negó a abordar, emplazando su debate a "nunca antes del año 2009 y hasta que se conozca una resolución del Tribunal Supremo sobre las horas extraordinarias".

San Millán aclaró que, ante la "negativa unilateral" de los empresarios a negociar cualquier cuestión salarial en el nuevo convenio colectivo y "con el ánimo de desbloquear la situación", se planteó "una subida salarial mínima para evitar una mayor pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, que los empresarios también han rechazado".

"Los sindicatos sólo propusimos que a partir de enero se produzca un adelanto de la subida salarial de los trabajadores del IPC real de 2008 más dos puntos, todo ello a cuenta de lo que se acuerde definitivamente en el convenio, aunque la respuesta de los empresarios fue que tal pretensión no está dentro de sus planes por la actual crisis económica", explicó.

Para los sindicatos, "esta posición de enroque de la patronal, que se niega a abordar cualquier aspecto salarial, vulnera los derechos más elementales de negociación colectiva" y les "fuerza" a convocar movilizaciones y "a controlar de manera estricta la legalidad de la prestación de servicios en el sector".

Un manual distribuido por una empresa de vigilantes de seguridad de metro da consejos a sus trabajadores sobre los tramos de líneas con más ladrones. El folleto culpa a los inmigrantes de los robos y los divide en varias categorías, según publica El País.

El manual descansa desde hace un mes en algunos de los vestuarios de los vigilantes. Se llama Operativo anticarteristas, y va encabezado por el sello de la empresa Prosegur, responsable de la vigilancia de las líneas 1, 6 y 11.

Según este folleto, los carteristas provienen de seis puntos diferentes del mapa, cada uno con un modus operandi distinto.

Los rumanos son los más numerosos, y también los más agresivos. Los sudamericanos suelen utilizar una mujer atractiva de gancho, la cual se acerca provocativamente a la víctima para distraerlo.

Los magrebíes son cada vez menos pero, debido a sus problemas con las drogas y el alcohol, también suelen ser bastante violentos. Suelen bloquear a la víctima a la entrada o a la salida del tren mientras le roban.

Por su parte, los españoles son una especie "en extinción" que ha cambiado su hábitat natural: se han mudado del transporte público a la calle debido a la fuerte competencia con la que se han encontrado.

Prosegur sostiene que el informe "no es un documento oficial" de la empresa y culpa a "algún vigilante" de su redacción y distribución. El viernes los manuales ya habían sido retirados.

Los vigilantes de seguridad de Cercanías han detectado en los últimos meses un aumento de agresiones recibidas por parte de grafiteros cada vez más violentos así como la presencia de grupos de jóvenes que lanzan adoquines a trenes en marcha desde puentes y altercados de tribus urbanas en los convoyes.

Las líneas ‘calientes' , tal y como adelantó 20 minutos el pasado 3 de noviembre, son la C-4 (Parla- Atocha), C-5 (Humanes y Móstoles-El Soto-Atocha) y C-8 (Cercedilla y El Escorial-Atocha), al igual que los intercambiadores de Príncipe Pío, Chamartín, Moncloa, Legazpi, Avenida de América y Atocha.

Los dos ramales de la C-5, especialmente en Villaverde Alto, Zarzaquemada y Puente Alcocer, son frecuentados por grupos de pandilleros, en algunos casos armados con cuchillos. Las estaciones de Getafe Centro, Las Margaritas y Parla, en la C-4, también tienen presencia de grupos violentos, algunos de ellos suramericanos. En la C-8, son los skin heads los que predominan, procedentes de la Sierra.

"Otros puntos ‘calientes' son el entorno de La Cubierta de Leganés. "Entran a bandadas grupos que destrozan todo lo que pillan y amenazan a los conductores", ha indicado Rafael Saldaña, responsable de seguridad privada de UGT.

Los vigilantes destacan también que desde que el Ayuntamiento de Madrid incrementó las sanciones a los grafiteros, éstos se han vuelto más agresivos con tal de evadir a los guardias.

Respecto a arrojar piedras y adoquines a los trenes, es en Villaverde y Orcasitas donde se han detectado estas prácticas que provocan retrasos y daños en los vagones.

Párense y pónganse ahí.

-¿Por qué?

-Porque son ustedes carteristas.

Mediodía de jornada laborable. Pasillo del metro repleto. Tres vigilantes de seguridad de la empresa Prosegur acompañan a una pareja de extranjeros hasta la salida. "Es la tercera vez que les echamos", dice uno de ellos. No actúan a ciegas. Disponen de un manual que, desde hace cerca de un mes, descansa en algunos de los vestuarios de estos trabajadores. Se llama Operativa anticarteristas y va encabezado por el sello de la empresa Prosegur, responsable de la vigilancia en las líneas 1, 6 y 11. Detalla las técnicas y los tramos del metro con más robos y divide a los descuideros por nacionalidades. El informe, de 18 páginas, sostiene que "con el aumento de la inmigración" ha crecido la cifra de los delincuentes que bajan al suburbano y se quedan con el bolso ajeno o el monedero.

Para describir los distintos modus operandi de estos delincuentes el manual hace una división geográfica. Los carteristas provienen de seis puntos diferentes del mapa. Empieza por los rumanos, los que "más abundan" y que "se muestran agresivos si no consiguen su objetivo". Bloquean a la víctima a la entrada o salida del tren para dificultar el paso mientras la roban.

Los sudamericanos, prosigue el texto, "pueden ser ecuatorianos, chilenos o presuntamente cubanos". Se cruzan y se entregan el botín de unos a otros. "Son bastante más finos que el resto" porque van bien vestidos, usan buenos perfumes y se acercan "provocativamente" a la víctima para llamar su atención mientras el cómplice roba la cartera.

Algunos magrebíes -que "hace unos años eran una auténtica plaga", según el documento- "también están enganchados a las drogas o el alcohol, con lo que tenemos el mismo problema que con los rumanos".Las bosnias -en este caso hace distinción de género- "se refugian en el metro para cometer sus fechorías". Según el documento, "no se muestran violentas, aunque sí es cierto que en ocasiones han sufrido las iras de los rumanos", de los que se vengan con un método particular: si los ven en el vagón "roban una cartera, la tiran a los pies de los rumanos y avisan a la víctima".

Hay un grupo para el que el informe plantea dudas: los italianos. Según el documento, usan los mismos métodos de los rumanos, a los que acompañan, "y por supuesto sus mismos vicios". Los españoles, por último, "son una especie en extinción" que se ha desplazado a la calle y a los accesos al transporte público "al encontrarse tanta competencia".

El manual señala que los carteras prefieren actuar en el interior de los trenes, en escaleras mecánicas y andenes. "Últimamente han empezado a actuar bien entrada la noche, cuando las dependencias de la oficina policial de Nuevos Ministerios está cerrada, ya que se ven sometidos a menos presión por los policías de esa oficina".

El informe, que arranca con un listado de artículos de distintas normativas de seguridad, considera que "la levedad de penas" incluidas en la legislación favorece la proliferación de los robos de carteras.

"No es intención hacer un discurso cargado de política" prosigue, pero "unas leyes permisivas y una mal llamada solidaridad con los desfavorecidos dan lugar a estas situaciones". Acusa a los carteristas de beneficiarse de "ayudas sociales" o de costear con el botín "el consumo de drogas, alcohol, prostitutas o máquinas recreativas".

Un inspector de la brigada provincial de seguridad ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía asegura que no suelen portar armas, en contra de lo que señala el manual de seguridad Operativa anticarteristas, el informe dirigido a los vigilantes del metro, en el que se describen todo tipo de utensilios que esconden objetos cortantes. La lista incluye cuchillos en el mango de un paraguas, lápices "muy afilados y con loctite en la punta" o uñeros "con pincho". En los primeros días de trabajo de la brigada policial no han detectado ningún suceso violento relacionado con los carteristas.

Según el documento, Metro pidió a Prosegur en marzo de 2007 "que estableciera un dispositivo anticarterista". Un portavoz de Metro señaló que la empresa no podía ofrecer detalles sobre este tipo de operaciones "por motivos de seguridad".

Desde Prosegur, una portavoz de la empresa sostiene que el informe "no es un documento oficial" de la empresa y culpa a "algún vigilante" de su redacción y distribución. Dos de sus trabajadores empleados en el metro -donde trabajan más de 2.000 guardias de diferentes compañías- aseguraron a EL PAÍS que lo habían distribuido los inspectores de Prosegur. El viernes, después de que este periódico pidiera su versión a la empresa, los manuales fueron retirados de los vestuarios.

El informe ya retirado señala que tras la inauguración de las ampliaciones del metro de hace año y medio se organizó un dispositivo con 10 vigilantes y un inspector con "libertad absoluta" para hacer su trabajo y con "una formidable colaboración de los policías nacionales". Obtuvieron resultados "muy aceptables" pero "inexplicablemente, Metro decidió días después suspender dicho operativo". El manual señala que es "decepcionante" asistir a un juicio contra "estos sujetos" y ver que las condenas "suelen ser multas que suelen pagar sin problemas ya que sale de bolsillos ajenos". Acaba con un refrán a modo de advertencia: mano cerrada, mano sospechosa.

Los hurtos en los centros comerciales son el pan nuestro de cada día y no sólo por la crisis, pues esta infracción penal ya aumentó en 2007 en comparación con 2006, según datos oficiales del Ministerio del Interior. Esta semana otras dos personas han sido detenidas como presuntas autoras de hurtos en centros comerciales de la zona sur de Jerez, según ha podido confirmar este medio. La primera es una mujer, M.C.O.G., de 38 años, con antecedentes, según fuentes policiales, que fue retenida por los vigilantes del complejo comercial Área Sur después de haber cometido supuestamente dos hurtos de menor cuantía en otros tantos establecimientos de la zona. La mujer fue identificada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y quedó emplazada para la celebración de un juicio rápido por los hechos. La mayoría de los hurtos son juzgados de este modo.

Otro individuo, J.J.G., fue sorprendido también tras cometer supuestamente un hurto en el establecimiento Mediamarkt. El sujeto tuvo que se trasladado a la comisaría a efectos de identificación ya que carecía de documentación personal cuando los policías nacionales, requeridos por los vigilantes de ese centro, fueron a identificarlo en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana para denunciarlo.

Ante la campaña navideña, las fuerzas de seguridad tienen previsto reforzar la vigilancia en el centro y alrededores de superficies comerciales para evitar estos hurtos.

http://www.diariodejerez.es/article/jerez/287155/dos/detenidos/por/hurtos/grandes/comercios/sur/la/ciudad.html

Noche de viernes, entrada de una discoteca, brutal paliza y muerte de un joven de 18 años. Aunque es un juez el encargado de determinar qué ocurrió el pasado fin de semana a las puertas de la sala madrileña El Balcón de Rosales, el fallecimiento de Alvaro Ussía ha abierto el debate sobre la labor de los porteros que controlan el acceso y la seguridad en los locales de ocio nocturno.

Tras este trágico suceso, la comunidad madrileña ha aprobado esta misma semana un decreto que establece los requisitos que deben cumplir quienes se dediquen a garantizar la seguridad en discotecas y pubs, uniéndose así a Andalucía y Cataluña, hasta ahora las únicas que habían legislado sobre esta cuestión. En Extremadura, los representantes de los hosteleros y los sindicatos se muestran a favor de la regulación de este ámbito, pero desde el Gobierno regional --a quien corresponde la competencia sobre este asunto y que precisamente trabaja en la actualidad en la modificación de la orden que regula los horarios de cierre de los establecimientos de ocio-- no han manifestado esta semana, pese a los requerimientos de este diario, cuál es su postura al respecto.

Los hosteleros, en cambio, sí manifiestan su apoyo a que se regule la labor y requisitos que deben cumplir los porteros de discoteca. "Todo lo que está regulado contribuye a evitar problemas", considera el presidente de la Asociación Empresarial Cacereña de Hostelería y Turismo, César Martín, que recuerda que actualmente las personas que se ocupan de garantizar la seguridad en los locales de ocio no trabajan en una situación ilegal, sino "alegal", ya que, destaca, "la diferencia es significativa".

Para Martín, legislar sobre esta cuestión contribuiría a "aumentar el nivel de seguridad y transparencia de los establecimientos" y, en consecuencia, "mejorar el servicio que reciben los clientes, que es a lo que tendemos en todo el ámbito hostelero".

En similares términos se pronuncia el secretario de la Asociación Provincial de Empresarios de Espectáculos y Hostelería de Badajoz, Carlos Bernáldez, que además forma parte de la Asociación de Espectáculos y Actividades Recreativas de Extremadura. Este explica que las salas de fiestas están obligadas a contar con personal de seguridad por el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (promulgado a nivel estatal en 1982), pero este no especifica cuál debe ser la cualificación de los trabajadores que cumplan esa función.

LEY Y MAS AUTORREGULACION Bernáldez considera que regular ese aspecto sería positivo, pero también señala que esa medida por sí sola no evitará que se produzcan incidentes en el futuro. "La labor del portero de discoteca es muy complicada, pero están para evitar problemas, no para provocarlos", resalta añadiendo que, por ello, es muy importante la autorregulación, o sea, que sea el propio empresario el que contrate a gente preparada para llevar a cabo esta función. "Pero si se fijan las nociones básicas que deben tener, los criterios de especialización, etcétera, mejor", sentencia.

También los sindicatos se muestran favorables a regular la situación de los responsables de la seguridad de las discotecas de la que muchas veces, denuncian, se hacen cargo trabajadores sin la preparación adecuada. Esto se solucionaría, en opinión del coordinador de Seguridad Privada de CCOO Extremadura, Antonio Pino, haciendo cumplir la ley de seguridad privada en todos sus términos e instalaciones. Para ello, Pino apoya que la administración autonómica fije los criterios que deben cumplir quienes se ocupan de la seguridad de los locales de ocio nocturno que, a su juicio, deberían ser vigilantes de seguridad.

Para Ana Isabel de los Santos, secretaria de Seguridad de UGT Extremadura, la figura de los porteros de discoteca debería regularse al igual que lo está la de los vigilantes de seguridad y, como estos, deberían contar con un título homologado por el Ministerio de Interior. "Si no cualquiera puede trabajar en esto, aunque no reúna las condiciones adecuadas, lo que luego provoca los problemas", indica a la vez que manifiesta su intención de "luchar para que Extremadura, como ya están haciendo otras comunidades, regule este ámbito".

Pero es a la Junta al que le corresponde tomar esta iniciativa y, pese a la consulta formulada por este diario a principios de semana a la Consejería de Administración Pública y Hacienda (competente en este asunto), sus responsables no han aclarado si tienen intención de abordar este asunto. De momento, en lo que sí está trabajando este departamento en coordinación con el de los Jóvenes y el Deporte, es en la nueva regulación de los horarios de los locales de ocio.

Agentes de la Ertzainetxea de Gasteiz detuvieron en la tarde de ayer sábado a un varón de 37 años de edad por un presunto delito de robo con violencia. El arrestado, tras ser sorprendido hurtando dos cajas de langostinos en un supermercado, golpeó al vigilante para tratar de huir.

Sobre las cinco y media de la tarde, desde un comercio situado en el barrio de Zaramaga se solicitó la presencia de la Ertzaintza debido a que tenían retenido a un varón, el cual había tratado de sustraer diverso género.
A la llegada de los agentes al lugar, éstos pudieron comprobar cómo el vigilante de la tienda tenía inmovilizado a un varón. Al parecer, éste había sido interceptado cuando abandonaba el local sin abonar dos cajas de langostinos que portaba ocultas debajo del jersey, activándose la alarma de robo a su paso por los arcos de seguridad. Al verse sorprendido intentó darse a la fuga, llegando a agredir al guarda causándole una lesión en el labio.
El varón fue trasladado a dependencias policiales en calidad de detenido por un delito de robo con violencia. El implicado, que presenta otros cinco arrestos anteriores, deberá presentarse próximamente ante la Autoridad Judicial.

La muerte de un joven en la discoteca Balcón de Rosales de Madrid ha vuelto a servir la polémica sobre la seguridad en las puertas de los locales de ocio nocturno. El caso ha vuelto a poner en el punto de mira a los porteros de las discotecas y sus formas de actuar en el mundo de la noche. Juan Núñez Santiago sabe de seguridad. No en vano fue comisario de Cáceres durante casi diez años, entre 1987 y 1998, y ahora es director de un centro de formación en materia de seguridad, el Centro Balbo. En su opinión, las discotecas deberían tener en su puerta a un vigilante de seguridad, con garantías de formación profesional y control, tanto por parte de sus empresas como de la Policía Nacional y Policía Local.

-¿Cree que las discotecas deberían tener de porteros a vigilantes de seguridad formados de acuerdo a lo que marca la Ley de Seguridad Privada?

-Sí, deberían ser vigilantes de seguridad porque estos profesionales cuentan con una formación, tanto jurídica, como técnico profesional e instrumental y pruebas de selección. Se les exigen distintas materias de Derecho, control de accesos, medios técnicos de protección, alarmas, relaciones humanas, actitud e imagen del vigilante, ética y conducta, autocontrol, el pánico y sus efectos, primeros auxilios, defensa personal, etcétera. Como se observa, todas estas materias formativas entran de pleno en la actividad laboral de los porteros de discotecas y lugares de ocio.

-¿Esta formación sería garantía para evitar el descontrol y los excesos que tantas veces se critica a los porteros?

-Creo que con la figura de los vigilantes de seguridad se evitarían estas situaciones ya que estarían formados en las academias y posteriormente examinados por la Policía Local.

-¿Ahora no está regulado? ¿No es obligatorio tener a un vigilante de seguridad en la puerta de un local?

-Para los porteros de discotecas no, si bien en Cataluña parece que se están dando algunos pasos para exigir la formación y la dignificación profesional. Esta profesión se denominaría 'controladores de accesos' y se les exigirían exámenes teóricos y prácticas en academias homologadas.

-Sí, pero ¿quién controlaría a esos controladores?

-Es que están inspeccionados por las Unidades Territoriales de Seguridad Privada de la Policía Nacional y también por la Policía Local. De hecho, son considerados auxiliares y colaboradores de las Fuerzas de Seguridad.

-¿Qué ventajas ofrece tener en la puerta a un vigilante de seguridad?

-Pues está la ventaja de la disuasión, con el uniforme y los atributos propios de la profesión, como grilletes y la defensa, sin armas.

-¿Estos porteros estarían obligados, por ley, a practicar un autocontrol que eviten excesos?

-Sí, porque están sometidos al régimen disciplinario que obliga la Ley de Seguridad Privada, con catalogación de faltas como leves, graves y muy graves.

-¿Estarían más tranquilos los padres y familiares de los jóvenes que van a una discoteca?

-Siempre que haya un respeto por parte de los jóvenes que van a los locales de ocio ante la disuasión en general del portero.

-¿Desaparecerían lo que se llaman matones de la puerta?

-Todos conocemos los incidentes de Madrid y otras ciudades de España, pero hay que decir que no todos tienen conductas reprobables.

http://www.hoy.es/20081123/plasencia/discotecas-deberian-tener-vigilantes-20081123.html

Los conflictos en las discotecas son los que más llaman la atención sobre aquellos porteros que ejercen, ilegalmente, funciones de seguridad. Pero no sólo en estos establecimientos trabaja personal no autorizado. El intrusismo en la seguridad privada se ha extendido a otros campos profesionales, como señalan desde el Cuerpo Nacional de Policía, que tiene la función de controlar esta actividad.

Fuentes de este cuerpo policial apuntan que la vigilancia nocturna en obras, en aparcamientos privados o en las casetas de las ferias es una tarea que en la mayoría de ocasiones la llevan a cabo personas no autorizadas.

Como ejemplo, el empleado que controla los monitores de videovigilancia en los aparcamientos debe ser un vigilante de seguridad titulado y esto no se cumple en muchos casos.

Lo mismo ocurre en las casetas de las ferias donde estas tareas han estado los últimos años, en los días previos a la celebración, en manos de «mafias» que han presionado a los caseteros para quedarse con ese negocio. Los responsables policiales señalaron que se han mantenido incluso reuniones con la Federación de Caseteros para advertirles sobre esta ilegalidad, lo que habría logrado frenar en parte esta actividad. La vigilancia nocturna de las obras también es campo abonado para los 'falsos' empleados de seguridad.

Desde la Policía señalan que los empresarios suelen alegar, cuando son detectados, que esos trabajadores están realizando labores de mantenimiento en esas obras o casetas, algo poco verosímil.

Las pesquisas policiales han detectado incluso a empresas tituladas e inscritas en el Registro de la Seguridad Privada que ofrecen el servicio de 'auxiliares' no homologados a las empresas que consideran muy caro contratar a un vigilante.

Vestimenta falaz

Y para darles apariencia de auténticos a estos empleados, no dudan en vestirlos con un uniforme similar al de los auténticos profesionales de seguridad, lo que genera confusión y es también ilegal. Los vigilantes son los únicos que pueden portar defensas, que pueden intervenir en conflictos y deben estar perfectamente identificados con uniforme y placa, apuntan desde el Cuerpo Nacional de Policía.

En el caso de que ese otro 'falso vigilante sufriera un accidente en tareas que no son suyas o llegara a un conflicto con un cliente, la empresa que lo contrata se enfrentaría a un problema legal.

http://www.ideal.es/granada/20081123/granada/falsos-vigilantes-casetas-feria-20081123.html