El Gobierno ha decidido rascarse el bolsillo y asumir una cuarta parte del coste de contratar seguridad privada para proteger a los pesqueros en el océano Índico. La medida, bienvenida por los armadores y por el PNV, fue anunciada ayer en el Congreso por la ministra de Defensa, Carme Chacón. Además del Ejecutivo central, el Gobierno vasco afrontará otra cuarta parte del coste y la mitad restante será aportada por los propietarios de los atuneros. Fuentes del sector estiman entre 24.000 y 36.000 euros al mes lo que cuesta llevar cuatro vigilantes a bordo, aunque el propio lehendakari, Patxi López, aseguró hace unos días que los armadores franceses pagan unos 50.000 euros mensuales por llevar militares en sus embarcaciones.

Con este acuerdo queda enterrada la idea de embarcar militares en los atuneros, como pretendían los armadores, el PNV y también defendía el PP. Chacón fue explícita y, a preguntas del diputado popular Arsenio Fernández de Mesa, volvió a responder que no tiene cabida en la legislación y, además, el Estado Mayor de la Defensa considera que es operativamente inviable.

Argumentos que también utilizó José Luis Rodríguez Zapatero en su debate con el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, quien echó en cara al Gobierno los fallos en la prevención que facilitó el secuestro del 'Alakrana', aunque apostó por ser prudente en estos momentos y no plantear asuntos que puedan «enturbiar la negociación» o demorar el rescate. Erkoreka pidió al Ejecutivo que escuche a las familias de los secuestrados, que están en un «grito desesperado», temen que se olvide a los marineros y que «tienen la impresión de que su Gobierno ha querido escamotear este asunto a la opinión pública». A su juicio, la captura del pesquero bermeano se podía haber evitado y si se produjo fue porque el Gabinete de Zapatero «se negó» a la petición del PNV de dar protección militar a los barcos mientras, sólo unos días después, atuneros franceses que sí llevan militares a bordo repelieron un ataque.

Zapatero respondió que el Gobierno «no escatima esfuerzos» para solventar el secuestro y señaló que las medidas militares tomadas desde que se produjo el asalto, el pasado 2 de octubre, son las aconsejadas por el Estado Mayor de la Defensa. «Lo que hemos hecho hasta ahora en relación con la seguridad y el uso de nuestras Fuerzas Armadas es lo que aconsejan las disponibilidades y las leyes de nuestro país», dijo. El presidente del Gobierno recordó el «impulso» de la 'operación Atalanta' por parte de España y subrayó las dificultades de proteger una zona «tan inmensa» de mar, donde en la actualidad hay nueve buques secuestrados.

El portavoz adjunto de Defensa del Grupo Popular, Arsenio Fernández de Mesa, no se contentó con las explicaciones y criticó la falta de coordinación entre los ministerios, tanto en el caso del 'Alakrana' como en los problemas legales que afloran cuando se detienen a piratas en alta mar. Asimismo, alertó de que hay un hándicap con los vigilantes de seguridad armados, a los que tildó incluso de «mercenarios», y es que la legislación internacional no les concede autoridad para efectuar detenciones, tarea reservada para los militares. «¿Qué autoridad internacional van a tener? Si desgraciadamente llega el momento de matar a alguien, ¿quién se va a hacer responsable? -se preguntó-. Van a tener muchos problemas para explicar su situación», concluyó Fernández de Mesa.

 

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20091029/pvasco-espana/gobierno-central-pagara-seguridad-20091029.html