La historia criminal está llena de asociaciones de malhechores que se han ido al traste porque uno de los miembros se ha sentido agraviado y, llevado por el resentimiento, ha acabado propiciando la caída de los demás.
El cine proporciona abundantes ejemplos de ello. Como el de Artie Piscano, el despechado subjefe mafioso de Kansas City que en la película Casino de Martin Scorsese aporta, sin saberlo, una valiosísima información al FBI al anotar concienzudamente los nombres de sus jefes y sus contactos a fin de llevar la cuenta de las pequeñas cantidades de dinero que estos le adeudan en concepto de dietas no pagadas. La inspiración para el personaje de Piscano la brindó el hampón Carl Tuffy DeLuna, detenido en 1979, en el sótano de cuyo domicilio la policía halló una gran cantidad de notas que permitieron al FBI atar todos los cabos sueltos de una investigación encaminada a demostrar la relación entre la mafia y el control ilegal de diversos casinos de Las Vegas.
SABLAZOS REITERADOS Barcelona no es Las Vegas y Mollet del Vallès no es Kansas City, pero las organizaciones criminales tienen un funcionamiento similar en todas partes. Y ha sido también un delincuente despechado el que, con su testimonio, ha acabado llenando los huecos que les faltaban a dos fiscales anticorrupción y al Juzgado de Instrucción número 3 de Martorell para completar el mapa de una mafia policial que actuó en Cataluña entre 1999 y el 2005 aproximadamente. En este caso, el agravio que llevó al malhechor a colaborar con la justicia y dar detalles sobre el funcionamiento de la banda no fueron unas dietas impagadas, sino los sablazos que presuntamente sufrió su esposa por parte de un periodista relacionado con la trama.
Así es la historia tal como aparece en el sumario:
A mediados de los años 90, empezó a operar en Cataluña un grupo de delincuentes encabezado por Javier Segura Ruiz, alias Trapero, dedicado, sobre todo, al tráfico de drogas y de vehículos robados. Algunos de los miembros de la banda actuaban también como confidentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de la Policía. Los informes que aparecen en la causa apuntan que "a partir de un momento determinado, son los uniformados esto es, los servidores de la ley quienes pasan a orientar a los delincuentes en su ilícito quehacer". Se instauró de este modo una "fructífera empresa criminal" en la que representantes de las fuerzas de seguridad, algunos de los cuales trabajaban en el equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Mollet, ponían la información privilegiada a la que tenían acceso al servicio de la actividad delictiva de los miembros de la banda.
EL ROBO DEL PUERTO Fue una extravagante operación de robo de cocaína en el puerto de Barcelona en enero del 2005 la que alertó a los investigadores de la connivencia entre los delincuentes y los agentes del orden. Como consecuencia de las diligencias practicadas, primero cayó la banda de Trapero y después, en febrero del 2008, fueron detenidos cinco guardias civiles y un inspector jefe de la Policía Nacional que llevaba un tiempo trabajando en la seguridad privada. Fue en el periodo en que se produjeron los arrestos cuando, según la documentación que figura en el sumario, el grupo de malhechores se puso en contacto con el periodista de El Mundo Nando García Bernal y le convenció para que, supuestamente a cambio de dinero, publicara una serie de informaciones con el propósito de desacreditar al máximo responsable policial de la investigación, el coronel Miguel Gómez Alarcón.
También en esos meses se puso en contacto con Nando García Bernal una mujer cuya intervención iba a resultar, a la postre, decisiva en la resolución del caso. Se trata de Soledad Rodríguez Moreno, cuyo marido, Juan Pedro Lozano Fernández, se hallaba en la cárcel condenado por el asesinato de dos vigilantes de Prosegur en el atraco a un furgón blindado perpetrado en Terrassa en 2004.
Soledad Rodríguez pretendía que el periodista investigara unas supuestas irregularidades en el procedimiento judicial que había desembocado en la condena de su esposo y las denunciara a través del diario El Mundo a fin de forzar la reapertura del caso. Del sumario, en el que figura el contenido de correos electrónicos que ambos se cruzaron, se desprende que Nando García accedió, pero, con el pretexto de que conseguir determinadas informaciones podría resultar caro, presuntamente le pidió a cambio varias cantidades de dinero, que la mujer se encargó de satisfacer. En balde, ya que la información deseada jamás se publicó.
El engaño acabaría teniendo unas consecuencias imprevistas. Sintiéndose estafada, Soledad Rodríguez se presentó el 3 de septiembre del 2008 en las dependencias de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia, en Barcelona, y denunció los hechos, aportando abundante documentación. Eso no fue todo. Pocos días después, Juan Pedro Lozano Fernández declaró también en el juzgado para ratificar la denuncia de su esposa contra el periodista. Pero acabó haciendo bastante más que eso. Despechado, el hombre explicó su relación con la banda del Trapero y proporcionó valiosos datos sobre los roles que desempeñaban en la misma varios guardias civiles y exinspectores de la Policía Nacional. Según consta en la investigación, Lozano admitió haber participado en diversas acciones delictivas junto a los miembros del grupo criminal y procedió a relatarlas. Con detalle.
Entre las operaciones referidas por Juan Pedro Lozano se hallan diversos casos de robo de alijos de hachís y cocaína en los que la complicidad entre los delincuentes y los policías corruptos resultaba determinante a la hora de engañar a los propietarios de la droga. El golpe más llamativo, por el modo en que se produjo, fue la sustracción de cuatro kilos de cocaína que pertenecían a un narco colombiano (más información, en el reportaje adjunto), pero hubo otros episodios igualmente notables, como la sustitución de dos fardos de hachís incautados por la Guardia Civil por sendos paquetes de arroz y azúcar o el robo de un cargamento de pastillas de éxtasis a un ciudadano inglés.
MONTY PAITON S. L. En los relatos de Lozano se repiten, entre otros, los nombres de los guardias civiles Roberto de Prádena Castelló, Miguel Ángel de la Higuera de la Fuente, Cristóbal Lucas Román Matas y Jesús Javier Martín Calvo. Las diligencias ponen de relieve que los cuatro comparten algo más que pertenencia al instituto armado, ya que todos ellos son socios de una sociedad mercantil de nombre sandunguero: Monty Paiton S. L.. Escrito así. Con sede en Mollet del Vallès y dedicada, según consta en el registro, a servicios relacionados con la hostelería.
Dice el sumario que el testimonio de Juan Pedro Lozano permitió "calzar muchos puntos acerca del funcionamiento del grupo criminal". La investigación entró así en una nueva fase. La que condujo a la imputación de un buen número de implicados y a completar el mapa de la trama. Como en Casino.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=479198
