La Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Castellón ha procedido a la detención de un individuo de nacionalidad rumana por un delito de resistencia y desobediencia, al ser sorprendido “in fraganti” sustrayendo unas zapatillas.

El detenido, que responden a las iniciales P.M de 35 años de edad, se encontraba en una gran superficie sita en la Ciudad del Transporte de Castellón, cuando intentó salir de dicho establecimiento sin abonar unas zapatillas de deporte que escondió entre sus ropas.

Al intentar salir por la zona de cajas, y al sobrepasar el arco de seguridad que allí se encontraba empezó a sonar la alarma, por lo que dicho individuo emprendió la huida, siendo perseguido por una vigilante de seguridad, a la vez que se daba aviso a agentes de Policía que se encontraban allí realizando tareas de prevención.

La persecución se prolongó a lo largo de un kilometro, siendo avisado el individuo en todo momento de que se detuviera, haciendo caso omiso al alto de los policías, deshaciéndose en un momento dado de las zapatillas, las cuales las tiró en un contenedor, siendo alcanzado por los policías ofreciendo activa resistencia en todo momento, por lo que tras un forcejeo fue reducido y detenido por resistencia, desobediencia y hurto. Las zapatillas se recuperaron y fueron devueltas al establecimiento.

Detenido por robar en el interior de un vehículo
Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido a I.E varón de 55 años de edad, de nacionalidad rumana y sin domicilio conocido, como autor de un delito de robo en interior de vehiculo. Alrededor de las 18:00 horas del día 24 del presente mes, en el aparcamiento de un Centro Educativo de Castellón, un policía de la Comisaría Provincial de Castellón, el cual se encontraba libre de servicio, observa la presencia de un individuo ajeno al Centro, mirando el interior de los vehículos aparcados, por lo que ante dicha actitud da aviso a compañeros que se encontraban de servicio esa tarde.

Que dicha persona se dirige a un huerto contiguo al Colegio, y recoge un bulto, abandonando el lugar montado en una bicicleta, momento en el que es interceptado por los policías, que tras observar el bulto que portaba, resultaron ser efectos personales que coincidían plenamente con los sustraídos en el interior de un vehículo, que se había producido en el mismo aparcamiento el día anterior.

http://www.laplanaaldia.com/castello/noticias/15051/detenido-por-robar-zapatillas-en-una-gran-superficie

Alrededor de 70 trabajadoras de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía de Granada han trasladado un escrito al Juzgado de lo Penal 1 de Granada y al fiscal jefe superior de Andalucía, Jesús García Calderón, para solicitar que reabran el caso del trabajador que recientemente fue condenado a un año de prisión por grabar a sus compañeras de trabajo con una microcámara oculta instalada en los servicios de mujeres.
En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, las trabajadoras se quejan de que no han podido ejercer la acusación particular porque los responsables de la Delegación, a los que no citan directamente, "no dieron traslado de forma inmediata" de las actuaciones judiciales.
Las mujeres que suscriben el escrito de queja se enteraron precisamente por la letrada del Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA) de que el procedimiento estaba "visto para sentencia" desde el 28 de febrero, día en el que tuvo lugar el juicio oral en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada que no llegó a celebrarse al estar conforme el acusado, que responde a las iniciales F.J.T.J., con la pena solicitada por el fiscal, un año y medio de prisión inicialmente que se le redujo a doce meses y una multa de 1.740 euros por un delito contra el derecho de la intimidad, sin que nadie ejercitará la acusación particular.
El procedimiento se inició de urgencia en el Juzgado de Instrucción 8 de Granada y pasó al Penal 1.
Según ha podido saber este diario, iba a comparecer en el juicio el propio delegado de Economía y Hacienda, Antonio Argüelles, pero no fue necesario su testimonio al haber conformidad de las partes.
La sentencia, que fue dada ayer a conocer por Ideal, se redacta el 15 de marzo y el 17 el delegado convoca a los trabajadores para ser informados, según consta en el escrito. En dicha reunión, Argüelles, en presencia del secretario general de la Delegación, informa que el 24 de febrero dos compañeras funcionarias descubrieron un "artefacto" en el servicio de señoras. Este diario ha podido conocer que, en un principio, cundió cierto temar a que pudiera ser un explosivo.
La microcámara no pudo ser intervenida en un primer momento puesto que el autor, un funcionario de carrera que trabaja en el área de Personal y que tiene acceso a los datos personales de todos los trabajadores, se percató del revuelo y pudo quitar a tiempo el artilugio antes de la llegada de los vigilantes de seguridad.
Sin embargo, a los dos días, el 26 de febrero, fue sorprendido por un vigilante saliendo de los servicios de señora, momento en el que se le intervino la cámara y se le ordenó que recogiera sus efectos personales, procediéndose a la apertura de un expediente disciplinario que no se ha hecho efectivo a efectos de suspensión de empleo y sueldo dado que al hoy condenado se le concedió la baja médica.
Desprotección. "Ante la magnitud y gravedad de estos hechos, las mujeres que creemos que podemos ser víctimas de vulneración de nuestros derechos por ser usuarias habituales de estos servicios de señoras ubicados en nuestro centro de trabajo, somos conscientes de que se hacen necesarias poner en marcha las actuaciones oportunas para la defensa y protección de nuestros derechos legítimos", reclaman en su escrito con fecha de 20 de marzo.
Todas ellas sostienen que en ningún momento han tenido conocimiento de que había un procedimiento judicial en marcha que "nos podía afectar de manera directa, por lo que no nos ha sido posible personarnos en dicho procedimiento ni como denunciantes, ni como denunciadas, ni como acusación particular", puntualizan.
A juicio de las firmantes, los hechos vulneran su derecho fundamental a la tutela efectiva, por lo que solicitan que se les informe, "a la mayor brevedad posible", de las distintas investigaciones con el fin de dilucidar el alcance de los hechos.
Este periódico ha podido saber que en el ordenador del trabajo no disponía de documentos porque, según parece, formateó el disco duro, mientras que en el personal, que también se le intervino en su domicilio, hallaron imágenes pero ninguna carpeta de archivo de intercambios por lo que se presupone que eran para "uso personal". Sin embargo, sus compañeras no están convencidas de ello y desean conocer "la existencia de dichas imágenes y su posible difusión, características y presencia a través de los distintos medios en los que hayan podido distribuirse, así como la existencia o no de más imágenes almacenadas en elementos personales, ya sea en su lugar de trabajo o domicilio".
El problema que se plantea ahora es saber si es posible la reapertura del caso teniendo en cuenta que una persona no puede ser juzgada por el mismo delito en dos ocasiones.

http://www.laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009033100_4_115834__Granada-trabajadoras-llevan-Fiscalia-grabaciones-ocultas

Las amigas de Luis Carlos Polanco, el joven dominicano que falleció de dos tiros en la nuca el pasado 20 de marzo en el distrito de Tetuán, ratificaron hoy ante el juez que instruye el caso que el presunto asesino, José Luis Trejo Cozar, disparó a Luisito, como le conocen sus allegados, después de que éste le insistiera en que no vendía droga. "Se quedó en una esquina mirando como se moría", sostuvo una de las chicas.

El juez Javier Pérez interrogó a tres jóvenes que presenciaron el asesinato para conocer las circunstancias que rodearon el crimen. Según su testimonio, Trejo Cozar merodeó por el barrio desde las 18.00 horas. En varias ocasiones, se dirigió a la víctima para pedirle cocaína, a lo que éste le insistió varias veces que no vendía nada. Los dominicanos que se encontraban en la zona pensaron que se trataba de un policía, por lo que muchos se fueron por miedo a que les pidiera la documentación.

Al salir de un bar, alrededor de las 21.30 horas, el presunto asesino comenzó a seguir a Polanco, quien se junto en la calle Topete con un grupo de conocidos, en su mayoría mujeres. "Un hombre se acercó al grupo, sacó una pistola y le disparó. Cogió algo del suelo --posiblemente los casquillos de la bala-- y se quedó en una esquina mirando como moría", contó a los periodistas Catherine Lisbert, de 23 años, momentos antes de testificar. "El asesino pegó un tiro al chico equivocado", añadió.

La defensa de Trejo Cozar ha aportado ya un informe médico que acredita que su cliente sufre esquizofrenia paranoide. Según el letrado, el presunto asesino sufrió una depresión después de que muriera su padre y se divorciara de su mujer. A raíz de esto, inició un tratamiento psicológico que interrumpió en 2006.

MÁS SEGURO ARMADO

El pasado miércoles, el asesino confeso declaró ante el juez que cuando se encontraba en la calle Topete, donde había ido a "buscar droga", escuchó un ruido a sus espaldas y decidió disparar sin más contra la persona que tenía detrás.

En su declaración, Trejo Cozar ratificó la versión ofrecida ante la juez de guardia, quien decretó su ingreso en prisión --ratificada por el juez instructor--. Según contó, la tarde del 20 de marzo salió de su casa, en la calle Castilla, para buscar cocaína, de la que era "consumidor ocasional". Estuvo varias horas merodeando por la zona.

En un momento determinado, se topó con dos individuos sospechosos y decidió regresar a su domicilio para coger una de sus dos armas para sentirse "más seguro". El agresor tenía un arma reglamentaria con motivo de su trabajo como vigilante de seguridad y otra con licencia de tiro deportivo.

El sindicato ha expresado su máximo rechazo por la decisión unilateral del ayuntamiento de Almería de retirar el servicio de vigilancia en los colegios de los barrios de Los Almendros y La Chanca. Se trata de la ruptura de un acuerdo histórico entre el consistorio y la delegación de Educación. "Queremos, así mismo, expresar nuestro malestar por la falta de sensibilidad que está teniendo el consistorio ante un asunto que afecta a la ciudadanía y en especial a los vecinos y visitantes de estos barrios y, por supuesto, a los muchos usuarios de estos centros educativos", ha añadido el secretario de Acción Sindical de CCOO, José Carlos Tejada, en referencia a la falta de diálogo que ha mostrado la concejalía responsable.

Esta decisión ha provocado el despido de seis vigilantes de seguridad, dado que la nueva empresa adjudicataria de los servicios de vigilancia del Ayuntamiento, Grupo Control, no quiere subrogar a estos trabajadores, "llevamos doce años trabajando y hay muchos compañeros con cargas familiares que ahora no saben que hacer", ha manifestado David Ríos, uno de los empleados afectados por esta decisión.

Del mismo modo, el sindicato ha puesto de manifiesto que desde la retirada efectiva de la vigilancia presencial, el pasado 17 de marzo ya se han producido asaltos en los centros de estas barriadas, "para CCOO se trata de un servicio no solo necesario sino imprescindible; dado que se está poniendo en peligro una importante labor socio-educativa y de integración", ha añadido el secretario provincial del sindicato de Enseñanza de CCOO, Antonio Valdivieso, en referencia a las actividades que se llevan a cabo tras el horario lectivo y que, en muchas ocasiones, acaban a altas horas de la noche, tales como talleres o actividades culturales o deportivas, " en barrios con una situación social degradada".

Por su parte, el secretario de Organización del Sindicato de Actividades Diversas, José María Torres Tripiana, ha expresado que "desde CCOO vamos a luchar en defensa de los puestos de trabajo de estos seis trabajadores, es una gran contradicción que administraciones que convocan a la ciudadanía en contra del paro sean las mismas que despiden a trabajadores y, además, muestran tal falta de sensibilidad a la labor social que cumplía esta vigilancia".

De manera más concreta hay que añadir que los empleados cubrían la vigilancia de los centros desde la cuatro de la tarde hasta las siete de la mañana de lunes a viernes y las veinticuatro horas los fines de semana, "la necesidad de la vigilancia es tan clara como ver que en doce años no se había producido ningún suceso reseñable y pocos días después de la retirada de la misma ya haya problema en los dos centros". Las direcciones de ambos colegios han mandado escritos a la concejalía de cultura comunicando los asaltos y la petición de restaurar la vigilancia, sin embargo no se ha obtenido respuesta por parte del consistorio.

http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-164099-CC-OO-26quot3Bhar26aacute3B-todo-lo-posible26quot3B-para-que-se-restituya-la-vigilancia-en-los-colegios-de-La-Chanca-y-Los-Almendros.html#

Las joyerías de León reconocen contratar más seguridad privada para prevenir una de las consecuencias más habituales en época de crisis: el aumento de la delincuencia y de los atracos. Además, la preocupación es mayor estos días después de que tres hombres desvalijaran una joyería en el centro de León tras maniatar y encañonar con un arma al propietario.
Jesús Prieto Olite, presidente de la Asociación de Joyeros de León, explicaba ayer a este periódico que, a pesar de que León mantiene unos índices de siniestralidad bajos, el gremio es muy consciente de que “es un sector de riesgo y siempre tendemos a c0ntratar más seguridad de la que ya estamos obligados por ley”. “ Y más en época de crisis”, aspostilla.
Prieto Olite reconoce que existe “preocupación” al respecto, si bien destaca la importante “colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con todas las joyerías de León”. El responsable del gremio calcula que las ventas han descencido en los últimos meses en torno a un 30%, por lo que, en muchas ocasiones, a pesar de querer contratar más y mejor seguridad privada, la reducción del volumen de ingresos limita esta iniciativa.
En total, en la ciudad de León existen cerca de 40 establecimientos que se dedican a la venta de ‘alhajas’. Tal y como subraya Prieto Olite, llevan años reivindicando –junto al resto de asociaciones provinciales y nacionales– una legislación adaptada a la realidad, así como la creación de un cuerpo especializado en joyas que proteja a un sector “en permanente alerta”.
Por otra parte, desde la céntrica joyería Del Carmen inciden en que la ley exige a los establecimientos unos importantes “niveles de seguridad”, lo que no evita que siempre exista cierta preocupación ante la posibilidad de un atraco como el registrado esta semana en Gran Vía de San Marcos.
Mientras, desde la cadena Perodri advierten que “el nivel de seguridad es lo más importante para nosotros y para los clientes” y aseguran que la empresa ha contratado en los últimos meses vigilantes, seguridad secreta y mayor número de camaras. La situación se vive “con miedo, con preocupación y con tristeza y se pretende que la seguridad sea casi extrema”, puntualizan desde Perodri.
La visión de las empresas de seguridad privada es distinta, aunque coinciden en destacar los importantes efectos de la crisis. Desde SES Seguridad, una de las compañías del sector, subrayan que “se contrata más en nuevas obras y nuevas instalaciones” y matizan que las joyerías “están más concienciadas en protegerse ante los atracos”; por otro lado, desde Desecom aclaran que “las joyerías se muestran más bien restrictivas en contratar más seguridad privada porque disponen de menos ingresos” a pesar de ser conscientes de su importancia.
Dispositivo para los atracadores
Por último, la Policía continúa la búsqueda de los tres atracadores que robaron en una céntrica joyería leonesa a plena luz del día hace poco más de 48 horas. Los tres atracadores entraron a mano armada en el establecimiento y condujeron al dueño a su domicilio, ubicado sobre la joyería, donde fue maniatado. Los ladrones dispusieron de tiempo suficiente para desvalijar el local y llevarse todos los efectos de mayor valor.

http://www.la-cronica.net/2009/03/28/leon/las-joyerias-contratan-mayor-seguridad-para-prevenir-atracos-30511.htm

La delegada de Empleo, Francisca Pérez Laborda, clausuró en la tarde de ayer un curso de Formación Profesional Ocupacional (FPO) de vigilante de seguridad privada realizado por el Centro Almeriense de Estudios Superiores (CAES) gracias a una subvención de 21.865 euros de la Consejería de Empleo, en el que se han formado doce personas desempleadas, once hombres y una mujer.

El curso pertenece a la modalidad de compromiso de contratación, que obliga a la entidad promotora a contratar o buscar un trabajo de cómo mínimo seis meses de duración al 60% del alumnado, en este caso, siete personas. CAES tiene previsto realizar más cursos de esta misma modalidad y especialidad próximamente.

La responsable de Empleo ha felicitado a los alumnos y alumna por la formación recibida y los buenos resultados obtenidos, puesto que los siete que ya se han presentado al examen que convoca la Secretaría de Estado de Seguridad, que es necesario superar para poder conseguir la tarjeta de identidad profesional que capacita para trabajar en este sector, han aprobado.

El curso ha tenido una duración de 274 horas, impartidas entre diciembre de 2008 y marzo de 2009. Los módulos de formación teórica impartidos han sido los siguientes: legislación y deontología profesional; competencias técnicas relacionadas con la vigilancia, prevención y protección de bienes inmuebles y personas; sistemas de comunicación, defensa personal, primeros auxilios y normas de seguridad. El programa se ha completado con los módulos comunes de la FPO sobre inserción laboral, prevención de riesgos, sensibilización ambiental e igualdad de género.

El curso ha servido para inculcar a los alumnos los conocimientos necesarios para que desarrollen correctamente la profesión, como la normativa relacionada con el derecho procesal penal y deontología de la profesión y, por otro lado, para adquirir las competencias técnicas para el ejercicio de funciones relacionadas con la vigilancia, la prevención y protección de bienes, inmuebles y personas.

Francisca Pérez ha recordado que la Consejería de Empleo está potenciando los cursos con compromiso de contratación y ha resaltado "la eficacia de este modelo formativo por su calidad y su constante adaptación a las necesidades de las empresas de trabajadores específicamente cualificados para puestos de trabajo concretos".

La responsable provincial de Empleo ha manifestado que el año pasado se pusieron en marcha en Almería 41 cursos de FPO con compromiso de contratación gracias a los que se están formando en ocupaciones con alta demanda en el mercado de trabajo 534 personas desempleadas y un mínimo de 320 conseguirán un contrato. La Consejería de Empleo ha invertido 1.600.845 euros en estos cursos, promovidos por más de 20 entidades, entre empresas y corporaciones locales.

http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-163847-La-Junta-y-CAES-forman-a-futuros-vigilantes-de-seguridad-privada.html

Un vigilante de seguridad, cuya identidad no ha trascendido por el momento, falleció hoy durante una voladura en unas obras de unas viviendas unifamiliares en Ponteceso (A Coruña).

A las 15.29 horas el 112 fue alertado por un conductor de ambulancia de un accidente laboral en la zona de Porto Corme, en Ponteceso, donde se estaban realizando una voladuras a causa de una obra, según informó el servicio de emergencias a Europa Press.

Al parecer, según señalaron las mismas fuentes, durante la voladura saltó una piedra que golpeó en la cabeza al vigilante de seguridad, causándole la muerte.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría provincial de Lugo arrestaron a un grupo de cinco ciudadanos rumanos de entre 18 y 28 años de edad, dos varones y dos mujeres, en cuyo poder fueron halladas prendas de vestir valoradas en 6.826,80 euros.

Según informó hoy la Comisaría de Lugo, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que se encontraban realizando labores preventivas en la zona de aparcamiento de un centro comercial fueron alertados sobre las 16.30 horas de ayer por un vigilante de seguridad, que había visto como una mujer hurtaba prendas en uno de los establecimientos, siendo retenida ésta por el vigilante.

Asimismo, se informó a los policías que otros dos jóvenes, presuntamente cómplices de la mujer, habían huido en un vehículo. Por ello, la Policía desplegó en la zona todos los efectivos necesarios para cerrar por completo cualquier posible vía de escape.

Así, localizaron a los pocos minutos al vehículo y a sus ocupantes. En el maletero hallaron los agentes prendas de vestir que todavía tenían colocados los sistema de control de alarma. A su vez, se localizó también otro vehículo en cuyo interior también se ocultaban numerosas prendas sustraídas.

Los agentes procedieron a la detención de los varones P.L.S., de 24 años, y V.G., de 28 años; y las mujeres R.A.M., de 24 años; F.M.B., de 20 años; y C.M.B., de 18 años de edad. Todos ellos son de nacionalidad rumana y presuntamente autores y cooperadores necesarios en la sustracción de las prendas, según precisaron las mismas fuentes.

Los detenidos utilizaban dos vehículos, uno de ellos alquilado, un Opel Vectra y un Opel Astra, ambos con matrícula francesa, en cuyos maleteros se encontraban las prendas recuperadas.

NEUTRALIZACIÓN

Este grupo, perfectamente organizado para llevar a cabo los hurtos, según recalcó la Policía, utilizaba un sistema de neutralización de los controles de alarma, consistente en forrar en su interior bolsas convencionales con papel de aluminio.

Los cinco detenidos, de los cuales, dos de ellos, cuentan ya con antecedentes policiales por hechos similares, fueron puestos en la tarde de hoy viernes a disposición judicial. Por su parte, todas las prendas recuperadas fueron devueltas a los establecimientos, en calidad de depósito, a la espera de la decisión judicial que se adopte sobre las mismas.

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, reunida hoy en el Consejo Superior de Deportes, ha acordado declarar de alto riesgo los partidos Osasuna-Athletic, de la trigésima jornada de Primera, y Villarreal-Arsenal y Barcelona-Bayern, de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Propuestas de sanción de la Comisión más destacadas: PRIMERA: - Multa de 4.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos durante 12 meses a un aficionado que insultó y agredió a un vigilante, en el partido At.Madrid-Villarreal del 15 de marzo.

- Multa de 3.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos durante seis meses a dos aficionados que insultaron y amenazaron a los vigilantes que impidieron la entrada a uno de ellos por llevar bebidas alcohólicas, en el encuentro At.Madrid-Villarreal del 15 de marzo.

- Multa de 3.500 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos durante doce meses a un aficionado que exhibió durante el encuentro una bufanda con simbología que incita al racismo, la xenofobia y la violencia, en el encuentro Espanyol del 15 de marzo.

- Multa de 6.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos durante doce meses a un aficionado que, situado en el Fondo Norte, agredió violentamente a otro aficionado, en el encuentro Mallorca-Atlético de Madrid del 22 de marzo.

- Multa de 4.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos durante doce meses a cuatro aficionados que insultaron gravemente a los funcionarios que habían intervenido en un incidente en el Fondo Norte, e incitaron al resto de aficionados a que secundaran su actitud violenta, en el encuentro Mallorca-Atlético de Madrid del 22 de marzo.

- Multa de 6.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos durante doce meses a un aficionado que insultó y amenazó a los funcionarios que intentaban restablecer el orden tras una pelea en la Grada y, al ser requerido para su identificación agredió a un funcionario, en el encuentro Mallorca-Atlético de Madrid del 22 de marzo.

- Multa de 4.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos durante doce meses a un aficionado que amenazaba violentamente con un asiento que había arrancado y opuso gran resistencia cuando se procedía a su identificación y expulsión, en el encuentro Numancia-Sporting del 22 de marzo.

- Multa de 3.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos durante seis meses a un aficionado que invadió el terreno de juego antes del inicio del partido para lanzar a la grada unos balones reglamentarios en el encuentro Osasuna-Espanyol del 22 de marzo.

- Multa de 3.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos durante seis meses a un aficionado que insultó y vejó gravemente a los aficionados locales en el partido Osasuna-Espanyol.

- Multa de 4.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos durante doce meses a un aficionado que agredió a otro en la Grada Baja, en el encuentro Osasuna-Espanyol.

SEGUNDA: - Multa de 3.500 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos durante doce meses a un aficionado que, insultó a un vigilante y se negó a seguir las indicaciones para que dejara de saltar sobre su asiento en el encuentro Girona-Levante del 15 de marzo.

- Multa de 4.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos durante doce meses a un aficionado que, tras ser expulsado por consumir sustancias estupefacientes en el estadio, insultó gravemente y amenazó a los aficionados del equipo rivales el encuentro Elche-Hércules del 22 de marzo.

- Multa de 3.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos durante seis meses a dos aficionados que, desde el anillo superior del Fondo Sur, lanzaron una botella de agua y un vaso respectivamente a la Grada Inferior, en el encuentro Elche-Hércules.

- Multa de 3.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos durante seis meses a un aficionado que, con claros síntomas de embriaguez, mostró burlonamente el mensaje gravemente ofensivo para la policía que llevaba en la camiseta a los funcionarios que formaban parte del dispositivo de seguridad para el desplazamiento de los aficionados del Hércules en Alicante, con motivo del encuentro Elche-Hércules.

Poco antes de que cerrasen las puertas del metro en la entrada de la estación de Lavapiés, se oyeron gritos: una mujer pedía ayuda mientras se subía el pantalón. Fue a las 0.46 de ayer y una cámara de EL PAÍS grabó el altercado.

Uno de los tres vigilantes de la empresa Casesa (encargada de custodiar la línea 3) presentes en la escena golpeaba a un hombre en el suelo. Mientras el varón era golpeado por el vigilante, la compañera del agredido pedía que se avisase a la policía. Después él, otra vez de pie, gritó: "Putos vigilantes".

Un portavoz de Metro explicó que el altercado comenzó cuando el billete de ella no funcionó. La mujer "escupió e insultó" al supervisor, "por lo que éste tuvo que llamar a los vigilantes. Era evidente que se encontraban bajo los efectos del alcohol u otra sustancia. Los guardas no pueden agredir pero han de reducir a quienes son un peligro potencial para los viajeros", prosiguió. "Bajar los pantalones es normal para que no salgan corriendo, pero no queda claro si se los bajó ella misma", dicen en Metro.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, recordó hoy a los propietarios de los establecimientos de ocio y locales de copas que pueden contratar a vigilantes de seguridad para realizar labores de controlador de acceso si hay déficit de porteros, tras el alto número de suspensos en el examen del día 14 y la puesta en marcha de la nueva legislación a partir del 5 de abril.

Durante la visita al centro de menores 'Teresa de Calcuta' de Brea del Tajo, Granados manifestó que los aspirantes a porteros suspensos tienen derecho a reclamar su nota en el examen si así lo consideran oportuno. Eso sí, indicó que los tests fueron confeccionados por técnicos, psicológicos y personas especializados "que se pasa en muchísimas actividades sin mayor problema".

En este sentido, el consejero señaló que el examen se efectuó precisamente para realizar una criba, ya que "si todo el mundo aprobara sería innecesario". "La primera criba era la de los antecedentes penales, que fue uno de los motivos por los que se han presentado menos personas de las previstas. La criba del test psicotécnico, principal motivo de los suspensos, era pertinente para una actividad que realizan estas personas como es la noche en Madrid", apuntó

Tomás Carballar Uceda no sale de su asombro tras la decisión judicial que obliga ahora a una empresa donde opositó hace 20 años a contratarlo para cubrir un puesto de vigilante de seguridad al que optó por oposición hace más de dos décadas.

Tomás, que actualmente regenta una empresa distribuidora de puertas y automatismos en la localidad pacense de Zafra, está casado y tiene dos hijos, no ve reparado el daño que le hicieron en 1988 los tribunales del proceso selectivo en esta decisión judicial, ya que según lamentó esta comunicación judicial en la actualidad le "rompe la vida por completo", pues implica tener que "dejarlo todo, la empresa y mi casa", según lamentó hoy a Europa Press Televisión.

En este sentido, relató que las pruebas a las que se presentó entonces para ser vigilante jurado de aviación civil en Madrid, constaban de tres partes eliminatorias y aseguró que con "mucho esfuerzo" superó todas con la mejor puntuación del grupo de opositores. Pero debido "a la mala actuación" del tribunal calificador, la plaza en cuestión recayó en otra persona.

Tras impugnar en primer lugar al propio tribunal, el cual se ratificó en su decisión, comenzó todo un periplo judicial con la ayuda de su abogado, y tras pleitear por lo contencioso-administrativo, en 1999 consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fallase a su favor.

Después de 20 años, la empresa responsable de su plaza tras la desaparición de Aviación Civil es 'Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica S.A.'(SENASA), según aclaró Tomás, quien apostilló que tras la resolución de los tribunales madrileños, el abogado del Estado recurrió y de nuevo tuvo que esperar hasta el 2006, cuando nuevamente los tribunales dictaron sentencia dándole la razón.

Pero no es hasta enero de 2009 cuando la empresa le notifica a través de un burofax que ha de presentarse en Madrid en un plazo de diez días para incorporarse al puesto de seguridad, que ganó por oposición hace cuatro lustros.

Desde que recibió esta notificación, Tomás asegura que ha caído en una "crisis de ansiedad" y que está "medicándose" porque aconsejado por su abogado ha firmado el contrato para, de este modo, ganar tiempo y seguir pleiteando por otras vías, ya que lo que él pide es que se reconozcan las irregularidades que hubo en el proceso de selección y que le indemnicen por "los daños" que le han ocasionado en todo este tiempo.

De momento, está de baja médica y asegura que "no se conformará con una limosna", ya que no está dispuesto a "renunciar a ninguno de los derechos" que adquirió entonces al superar la oposición.

Tomás asegura que en su caso "no se ha hecho justicia" ya que el no ha estado "sentado en una silla" durante todo este tiempo, para que ahora un juez estime que es suficiente con que se incorpore a la plaza por la que concursó hace dos décadas.

El PSOE en el Ayuntamiento de Madrid pedirá la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad del distrito de Tetuán para conocer las medidas que está llevando a cabo en la zona el Consistorio tras el asesinato de un dominicano a manos de un vigilante de seguridad ocurrido el pasado viernes.

Así lo explicó a Europa Press el presidente del Grupo municipal Socialista, Óscar Iglesias, quien indicó que el PSOE pedirá en el Consejo que el Ayuntamiento de la capital dé información sobre el asesinato del joven, diga qué medidas está realizando y qué medias va a realizar "para que no se vuelvan a repetir sucesos como éste" y para que tome cartas en el asunto con el fin de frenar la tensión que se está viviendo en la zona y evitar así cualquier tipo de altercado.

Tras la muerte del dominicano, identificado como Luis Carlos P.P., el concejal madrileño pidió que se juzgue al presunto autor de los hechos para que le caigan "todos los años de prisión que la Ley establece".

"Un supuesto vigilante de seguridad ha asesinado a un chaval con dos tiros en la cabeza, lo cual es una barbaridad y no tiene ningún tipo de explicación racional. Que la Justicia se ponga en funcionamiento y le caigan todos los años que la Ley se establece", indicó.

Aspirantes a portero que suspendieron el pasado 14 de marzo la pruebas de acceso de la Comunidad de Madrid van a presentar una solicitud a la Academia de Policía para recurrir el examen, ya que consideran que la evaluación no ha sido correcta y no se les han dado explicaciones sobre sus 'no aptos'.

Según informó hoy a Europa Press el presidente de la Asociación Nacional de Porteros Profesionales (ANPP), Rafael de Castro, su organización va a elaborar un modelo de recurso para sus socios. No obstante, aclaró que la asociación no pedirá la rectificación del examen porque consideran que fue correcto pero "enrevesado", y así será cada aspirante la que la formalizará de forma independiente.

Eso sí, De Castro solicitó a la Comunidad de Madrid que permita la posibilidad de corrección del examen por parte de los solicitantes, ya que considera que en el caso de los psicotécnicos, no se conoce el criterio de calificación. "La prueba psicotécnica --en la que han suspendido la mayoría de los que no han superado la prueba-- tenía preguntas complicadas que había que leer dos veces. No sé si un extranjero que no conoce bien el idioma entendería a la perfección", apunte.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior señalaron a Europa Press que los suspendidos están en su "pleno derecho" a recurrir el modelo de examen y a exigir las correcciones oportunas. Sin embargo, destacaron que la Comunidad de Madrid contó con el asesoramiento de una serie de especialitas en cuestiones psicotécnicas para confeccionar el examen y de un tribunal evaluador.

Además, desde el departamento que dirige Francisco Granados manifestaron que en la prueba psicotécnica se evaluaron factores de personalidad como la hostilidad, la agresividad o el desajuste emocional, "obteniéndose puntuaciones directas de las candidaturas y en las que el suspenso se encuentra en los extremos más alejados de la media". "No se evalúa si la respuesta es verdadera o falsa, sino la tendencia psicológica que presentaban los aspirantes", agregaron.

NO HABRÁ PORTEROS EN LAS PUERTAS "DE MOMENTO"

Por otra parte, el presidente de la ANPP recordó que, tras el examen, con el que han conseguido la acreditación sólo 1.600 personas, la mayoría de los locales de ocio a partir del 5 de abril no contarán con porteros y serán los propietarios de las discotecas los que regulen el trabajo de controladores de acceso, "algo a lo que tienen derecho por Ley".

"Hay que tener en cuenta que 8.000 personas trabajan como porteros en discotecas y otros tantos, hasta llegar a 22.000 en total en otros tipos de establecimientos y conciertos", dijo. Se calcula que en Madrid hay más de 5.000 locales de ocio.

Así, recordó que la actual Ley de espectáculos de la Comunidad de Madrid no obliga a los establecimientos a disponer de porteros, a si que pueden prescindir de ellos. Eso sí, si existen, deberán estar acreditados a partir de este Domingo de Ramos. No obstante, según el borrador que desarrolla el decreto, y que aún no ha sido aprobado, se establece que a partir de 75 personas de aforo, se debe contar con un portero, según indicó De Castro.

Respecto al proceso de acreditación de porteros, el presidente de la ANPP solicitó a la Comunidad que ponga en marcha más exámenes en los próximas fechas, "cuatro o cinco al año, como en el colectivo de vigilantes de seguridad". Y aunque De Castro siempre ha luchado a favor de la profesionalización de estos trabajadores, criticó la forma en la que está pretendiendo regular esta labor la Consejería del Interior. A su juicio, deberían ser las asociaciones y academias las encargadas de formar a los aspirantes a controladores de acceso y expedir las certificaciones oficiales.

La asociación de vecinos de Campamento ya denunció hace varias semanas que un vigilante de seguridad recibía a los pacientes del centro de salud Clot de Joan y les preguntaba sus síntomas y datos personales para ser derivado a uno u otro médico.

El empleado de una empresa de seguridad privada contratada por la Conselleria de Sanidad era, de esta forma, el primero en atender a los pacientes cuando llegaban al ambulatorio.

La asociación de vecinos del barrio de Campamento se quejaba de la falta de intimidad y de la vulneración de la ley de protección de datos, ya que un vigilante de seguridad no está capacitado en este sentido. Sin embargo, fuentes de la Conselleria de Sanidad aseguraron que el vigilante de seguridad "no realiza ninguna función sanitaria".

Según las mismas fuentes, "ésta no era una situación ocasional" porque durante dos horas el vigilante no tuvo ningún relevo por parte de personal administrativo.

Además, según algunos testimonios recogidos por la asociación, "parece que es una situación que se repite todos los fines de semana". Después de la denuncia de la entidad vecinal, el vigilante dejó de realizar estas funciones.

http://www.lasprovincias.es/valencia/20090323/valencia/vigilante-seguridad-ambulatorio-atendia-20090323.html

La diferencia salarial entre un agente de la Policía Nacional y un ertzaina alcanza los 7.138 euros. La mayor disparidad se registra en las categorías intermedias.

Cuatro maniquíes durante las protestas policiales del pasado 14 de marzo en Madrid. EFE/Paco Campos

El Partido Popular llevará este martes al Pleno del Congreso una iniciativa en la que se insta al Gobierno a atender las reivindicaciones sociolaborales que los policías reclamaron el sábado 14 de marzo al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante una manifestación en Madrid, la segunda desde octubre. Entre otras cosas, los populares defenderán la equiparación salarial de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los agentes que marcharon por las calles de Madrid reivindicaban “un salario digno” y que se reduzcan las diferencias retributivas con las policías autonómicas. Éstas llegan hasta los 10.000 euros, según los datos facilitados por Unión Sindical Obrera (USO), que al igual que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclama la homologación salarial de las Fuerzas de Seguridad.

De acuerdo con los datos facilitados por la Federación de Empleados Públicos de USO, un agente del Cuerpo Nacional de Policía cobra 7.138 euros menos que un ertzaina y 4.700 menos que un mosso d´esquadra. La retribución fijada para 2009 es de 26.368 euros al año para el primero, 33.506 para la policía autonómica vasca y 31.068 para la catalana.

Disparidad
En el caso de los oficiales la diferencia ronda los 6.500 euros, tanto en el caso de la Ertzaintza como en el de los Mossos. Si bien un oficial de la Policía Nacional percibe 28.360 euros, un agente de 1ª de la Ertzaintza cobra 34.875 euros, es decir, 6.515 euros más. Y un caporal de los Mossos D´Esquadra 35.073, por lo tanto, 6.713 euros más.

La disparidad en la categoría de los subinspectores es mucho mayor, sobre todo entre los del Cuerpo Nacional de Policía y los de la policía autonómica vasca. Un agente que ocupe este cargo en la Policía recibe 32.451 euros al año, mientras que un oficial de la Ertzainza percibe 41.989 euros, 9.538 euros más. La diferencia con los Mossos es menor, pero aún así alcanza los 6.800 euros, ya que un sergent A percibe 39.251.

La categoría de inspector es la que ofrece una mayor disparidad salarial y es aquí donde la diferencia es mayor e incluso supera, aunque por muy poco, los 10.000 euros. Se cifra, concretamente, en los 10.003. Un inspector del Cuerpo Nacional de Policía percibe 39.859 euros brutos al año, mientras que un inspector A de los Mossos, la categoría equivalente en la policía autonómica catalana, cobra 49.862, es decir, 10.003 euros más. La diferencia con un subcomisario de la Ertzaintza se sitúa ligeramente por debajo los 9.297 euros.

Es en la categoría que tiene una retribución salarial más alta, en la de comisario, donde las diferencias son menores. Pero pese a ello rondan los 3.000 euros, que es la menos diferencia en todas las categorías. Así, un comisario principal tiene sueldo de 57.114 euros al año, 2.806 menos que un superintendente de la Ertzainza y 4.310 por debajo de lo que percibe un comisario de los Mossos D`Esquadra.

Éste es, precisamente, el cargo mejor pagado de los analizados por USO, ya que su salario es casi el doble de lo que percibe un agente raso. En el caso de la Ertzaintza, la diferencia entre lo que percibe un integrante de la escala básica y lo que recibe el superintentente alcanza los 26.000 euros. Y en el Cuerpo Nacional de Policía la diferencia es de 30.000 euros.

Un joven de 28 años cuya identidad responde a las iniciales R.O.G. fue detenido en la capital burgalesa tras romper el parabrisas de un coche para robar en su interior, aunque fue sorprendido por un vigilante de seguridad y huyó.

Según informaron a Europa Press fuentes de la Policía nacional, en el interior del vehículo quedaron algunas ropas ensangrentadas que permitieron a los policías llegar hasta él.

Luis Carlos Polanco Peralta, un joven dominicano de 23 años, fue abatido por disparos de bala en la noche del viernes 20, en el madrileño distrito de Tetuán. El asesino, un vigilante de seguridad de nacionalidad española, descerrajó dos balazos a quemarropa y se dio a la fuga, siendo perseguido por los propios vecinos del barrio y gracias a éstos detenido poco más tarde por la policía.

El joven asesinado iba a ser padre dentro de un mes y pertenecía a una familia humilde y trabajadora que llevaba afincada en la zona desde hacía más de 12 años. Un testigo y amigo de la víctima, asegura haber visto que, antes del asesinato, el presunto vigilante estaba pidiendo la documentación a Luis, procedimiento exclusivo de la Policía, nunca de los guardias de seguridad. Otras fuentes explican que el arma utilizada estaba registrada como arma policial.

Según la versión que ofrece la policía, el supuesto vigilante de seguridad, que en ese momento caminaba de paisano, confundió a Luis con un traficante de drogas y le pidió que le vendiese cocaína. Cuando Luis explicó que él no trapicheaba y continuó caminando, el vigilante respondió con dos disparos por la espalda que dos horas más tarde acabaron con la vida del joven migrante. El asesino, que se negó a declarar en comisaría, espera ahora a dar testimonio frente al juez.

El barrio de Tetuán, donde residen más de 3.000 dominicanxs, según datos del consulado, movilizó en la tarde de ayer a más de 200 personas exigiendo justicia para Luis, concentración a la que acudieron las Unidades de Intervención Policial - Antidisturbios de la Policía Nacional, que intimidaron y cargaron contra lxs manifestantes.

Entre las calles Carnicer y Topete, la esquina donde fue asesinado, la familia y amigxs del joven han levantado un altar en su recuerdo, cuyas velas se mantienen vivas y aumentan en número día y noche. Al mismo tiempo, las calles se llenan de pintadas exigiendo justicia y llamando a un barrio unido contra el racismo.

http://www.kaosenlared.net/noticia/87457/joven-dominicano-baleado-vigilante-seguridad-uip-reprimio-familiares-a

Los hechos contradicen la versión oficial de la gerencia de Atención Primaria del Sergas sobre la potenciación del servicio de vigilancia en el servicio de urgencias del ambulatorio de San Roque. A partir de este lunes deja de trabajar durante la semana el vigilante jurado, dejando en total desprotección tanto al personal como a los usuarios del denominado Punto de Atención Continuada, PAC, de Vilagarcía.
Los cambios en el sistema del servicio de vigilancia practicados por Atención Primaria, tras la renovación de la contrata con la empresa no potencian la presencia de los guardajurados, como se indica desde el Sergas, sino que en el caso de Vilagarcía reduce la presencia de este personal en 40 horas semanales. Así lo ha puesto de manifiesto el personal de este centro médico que se siente totalmente desprotegido.
Los trabajadores manifiestan que la desprotección no sólo les afecta a ellos sino también a los usuarios que acuden al servicio de Urgencias. Como ejemplo de sus declaraciones indican que la pasada semana se produjeron tres intentos de agresión en este servicio, uno de ellos con arma blanca.
El penúltimo de los sucesos vividos en el PAC de San Roque se produjo en un momento en el que había unas cincuenta personas en la sala de espera. La agresión pudo evitarse gracias a la presencia del vigilante que logró reducir al agresor que no sólo intimidaba al personal sino también a los usuarios que esperaban ser atendidos.
Pacientes violentos
Los trabajadores del servicio de urgencias del ambulatorio vilagarciano denuncian que en este centro las amenazas, agresiones e intentos de agresión son constantes y que no siempre tienen relación con el aumento del número de personas que esperan ser atendidas. Incluso se llegaron a producir durante la tarde en días de semana, con gran riesgo para el personal porque en ese momento no hay vigilante.
Hay pacientes bastante habituales en este centro que tienen amenazados a los trabajadores, como el caso de una politoxicómana que incluso llegó a entrar al centro médico con una botella rota que esgrimió al personal para conseguir la medicación que buscaba y pudo ser reducida por el guardia de seguridad, mientras la plantilla llamaba a la Policía.
Otro toxicómano amenazó al equipo del PAC con un arma blanca. Los trabajadores señalan que la Policía acude bastante rápido a su llamada, pero sin la presencia del guardia de seguridad la agresión no podría evitarse, sería un hecho consumado.
En varias ocasiones, ante la presencia de uno de estos pacientes, o de alguno que parece ser conflictivo, el guardia de seguridad se mantiene atento y muy próximo al personal sanitario.
La situación de violencia que se vive en el área de urgencias del centro médico de atención primaria de Vilagarcía queda reflejada en el parte de incidencias que se remite al Sergas, razón por la cual los trabajadores expresan su malestar por la decisión de reducir aún más el servicio de vigilancia.
Nuevo horario
El nuevo sistema diseñado establece el servicio de vigilancia los viernes, sábados y domingos. El guardia de seguridad estará el viernes de diez de la noche a ocho de la mañana; y el sábado y el domingo de cinco de la tarde a ocho de la mañana. En festivos el horario se reduce de cinco de la tarde a diez de la noche. Hasta esta semana el servicio funciona de lunes a sábado de diez de la noche a ocho de la mañana y los domingos y festivos durante las veinticuatro horas, por lo que la reducción de horario es clara.

Los locales de ocio y el resto de establecimientos que necesiten controladores de acceso deberán contar con porteros acreditados por la Comunidad de Madrid a partir del 5 abril, si no quieren correr el riesgo de ser multados, según informaron a Europa Press fuentes regionales.

No obstante, para facilitar que todos los locales puedan contar con personal legalmente reconocido, la Consejería de Justicia e Interior está estudiando convocar varios procesos de selección al año, tras el efectuado el sábado pasado, y no sólo uno, como en principio se había dispuesto.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) ha publicado hoy la relación provisional de aspirantes declarados aptos en las pruebas para la obtención del certificado acreditativo del personal de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas.

Un total de 1.606 personas de las 2.529 que se presentaron a la prueba de conocimientos aprobaron, el 63,5 por ciento de todos los que se presentaron. Los aspirantes tuvieron que superar los dos ejercicios de que constaba la prueba para tener la consideración de aptos. El examen consistió en dos ejercicios: uno de conocimientos a realizar en 60 minutos, integrada por 50 preguntas sobre legislación aplicable en el control de accesos (Ley espectáculos públicos, menores, derechos fundamentales, etc.) que fue superada por un total de 2.438 aspirantes y otra ejercicio consistente en un test psicotécnico.

Respecto a la prueba de conocimientos, para superarla ha sido necesario obtener 25 puntos en total, resultado del cálculo de los aciertos menos la penalización por errores. De la prueba psicotécnica, se han evaluado ponderadamente una serie de factores de personalidad como la hostilidad, la agresividad o el desajuste emocional, obteniéndose puntuaciones directas de los candidatos, y en las que el suspenso se encuentra en los extremos más alejados de la media.

Tras la comprobación oportuna, los aprobados podrán presentar en un plazo de diez días hábiles la documentación y las tres fotografías carné que se les exige, lo que podrán hacer a partir de mañana en la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid. La documentación debe incluir un certificado de registro de penados y rebeldes del Ministerio de Justicia de carácter de antecedentes penales y una declaración jurada o promesa de carecer de antecedentes penales en el extranjero, autorizando al Gobierno regional su investigación.

La Academia expedirá las certificaciones acreditativas individuales en forma de carné, que deberán ser recogidas en sus instalaciones a partir del sábado 4 de abril en un horario comprendido entre las 9.00 y las 14.00 horas y desde las 16.00 hasta las 20.00 horas.

"NO HABRÁ PORTEROS EN LAS PUERTAS DE MOMENTO"

El presidente de la Asociación Nacional de Porteros Profesionales (ANPP), Rafael de Castro, recordó hoy que, tras el examen, con el que han conseguido la acreditación sólo 1.600 personas, la mayoría de los locales de ocio a partir del 5 de abril no contarán con porteros y serán los propietarios de las discotecas los que regulen el trabajo de controladores de acceso, "algo a lo que tienen derecho por Ley". "Hay que tener en cuenta que 8.000 personas trabajan como porteros en discotecas y otros tantos, hasta llegar a 22.000 en total en otros tipos de establecimientos y conciertos", apuntó.

Así, recordó que la actual Ley de espectáculos de la Comunidad de Madrid no obliga a los establecimientos a disponer de porteros, a si que pueden prescindir de ellos. Eso sí, si existen, deberán estar acreditados a partir de este Domingo de Ramos. No obstante, según el borrador que desarrolla el decreto, y que aún no ha sido aprobado, se establece que a partir de 75 personas de aforo, se debe contar con un portero, según indicó De Castro.

Respecto al proceso de acreditación de porteros, el presidente de la ANPP solicitó a la Comunidad que ponga en marcha más exámenes en los próximas fechas, "cuatro o cinco al año, como en el colectivo de vigilantes de seguridad". Y aunque De Castro siempre ha luchado a favor de la profesionalización de estos trabajadores, criticó la forma en la que está pretendiendo regular esta labor la Consejería del Interior. A su juicio, deberían ser las asociaciones y academias las encargadas de formar a los aspirantes a controladores de acceso y expedir las certificaciones oficiales.

"Muchas personas que trabajan como controladores de acceso no se han enterado de que tenían que presentarse al examen y no lo han hecho. Por ejemplo, la propia Comunidad tiene en el Palacio de Deportes, además de vigilantes de seguridad acreditados, cuatro personas en cada puerta que deben contar a partir de abril con el carné y no han hecho el examen", indicó.

Respecto al examen del pasado 14 de marzo, De Castro señaló que "no fue excesivamente difícil" y cumplió las expectativas de la asociación. "Eso sí, la prueba psicotécnica --en la que han suspendido la mayoría de los que no han superado la prueba-- tenía preguntas complicadas que había que leer dos veces. No sé si un extranjero que no conoce bien el idiomas entendería a la perfección", concluyó.

Funcionarios de la Brigada Local de la Policía Judicial de Lorca han detenido a dos vigilantes de seguridad, trabajadores de la misma empresa, como presuntos autores de varios actos delictivos en las instalaciones donde trabajaban y de donde sustrajeron cerca de 8.000 euros y 5.000 litros de gasoil. Los dos hombres han pasado a disposición judicial tras prestar declaración en la Comisaría de Policía.

Uno de ellos, vecino de Lorca, de unos 30 años de edad, simuló que el pasado 3 de febrero dos ciudadanos de origen magrebí encapuchados le atracaron a punta de pistola en el aparcamiento municipal que gestiona la empresa de limpieza Limusa frente al Huerto de la Rueda en Santa Quiteria. El detenido trabajaba como vigilante de seguridad en dicho aparcamiento y según se desprende de la investigación fue él mismo quien se llevó los 3.000 euros que había de recaudación.

Para ello causó varios destrozos en las instalaciones y se mostró muy nervioso cuando llegaron los agentes a los que había avisado previamente. En aquel momento declaró que los encapuchados se marcharon en un Opel Astra.

En su nueva declaración ha reconocido que un año antes fue él mismo también el que se apropió de otros 3.000 euros, aproximadamente, del mismo lugar aprovechando la ausencia durante unos instantes de un compañero. Por otra parte se le acusa de varios robos en la urbanización Villarreal de la diputación de Purias de donde se llevó unos 2.000 euros en metálico y diverso material informático.

Al mismo tiempo, y en connivencia con el otro vigilante de seguridad también detenido, se le acusa del robo de unos 5.000 litros de gasoil que desaparecieron de la misma urbanización donde se están construyendo viviendas, un campo de golf e instalaciones hoteleras.

http://www.laopiniondemurcia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009032000_6_157716__Sucesos-Detenidos-vigilantes-Lorca-robo-8000-euros-5000-litros-gasoil

Un homenaje a quienes colaboran en mantener la paz social. Así definía el jefe superior de la Policía en Galicia, Luis Manuel García Mañá, el objetivo del Día de la Seguridad Privada, que se desarrolló ayer en el Auditorio de Ourense. García Mañá explicó también que el reconocimiento que cada año brindan los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a los trabajadores de la seguridad privada sirve para ensalzar su inestimable labor en la vigilancia de empresas y particulares.

Tanto García Mañá como el delegado del Gobierno en Galicia, Manuel Ameijeiras, que presidió el acto, destacaron la necesidad de afianzar la colaboración entre las dos vertientes de la seguridad (pública y privada), con el fin de lograr ‘una sociedad más segura y, por lo tanto, más libre’. Amejeiras hizo también referencia a que los índices de delincuencia en Galicia están por debajo de los de España.

Aunque en el turno de discursos institucionales para condecorar a 67 profesionales de la seguridad privada no salió a relucir el tema del intrusismo laboral, principal reclamación del sector, sí que hubo pronunciamientos al margen del acto protocolario. Armando González Freiría, presidente del Colegio Oficial de Detectives Privados de Galicia, señaló que este problema redunda ‘en una falta de control de la profesional y en la pérdida de los más elementales derechos civiles de quienes son investigados’. El delegado del Gobierno, Manuel Ameijeiras, señaló por su parte que ‘estamos tratando de resolver esta problemática, aínda que non é sinxelo’.

En cuanto a las condecoraciones, fueron siete los profesionales ourensanos que recibieron esta distinción: Francisco Ramos Gómez, Antonio Camón Álvarez, Mónica Francisco Moreno, Roberto Carlos García Yáñez, José Goyanes Montes, Juan Carlos Guerreiro Regadío y José Manuel Rodríguez Santos.

Apunta el director general del COF de Madrid, Carlos Ibáñez, que en los primeros meses del año hubo un repunte de los atracos con intimidación. "Sin daños personales, pero con amenazas", matiza, lo que ha propiciado que "el interés por sistemas de seguridad ha aumentado". En esta línea se enmarcarían los arcos antihurto -que disparan una alarma en caso de que se sustraiga un producto sin pagar- o las cámaras de vigilancia.

Carlos Valenciano, director de Operaciones de Prosegur Activa, explica que los elementos a la vista "coartan al delincuente". "Menos posibilidades de ser atracado hay cuantos más sistemas de seguridad haya", apunta, de ahí que haya dispositivos que no deben permanecer ocultos.

Gran papel disuasorio juegan también los vigilantes de seguridad. Aunque no es frecuente que una farmacia contrate uno, "sí que tienen mucho éxito los servicios de rutas compartidas", explican fuentes de Securitas.

En el campo de la disuación, el último grito entre las farmacias de Málaga, como explica el presidente del COF, Javier Tudela, es la compra de cajas de seguridad de apertura retardada para guardar el grueso de la recaudación. "Hay que esperar un mínimo de 15 minutos para abrirla", apunta, tiempo suficiente para que la paciencia del caco desista y renuncie al objetivo.

Comenta Valenciano que más allá de la proyección de seguridad, "hay que tener un buen sistema de detección anti-intrusos para cuando el local esté cerrado". Las alarmas, conectadas con la central de seguridad, avisan cuando se detecta un movimiento no autorizado en el interior del local. También se protege la línea de conexión a la central de alarmas (doble línea de ADSL). En caso de que salte una alarma, el personal de la compañía verifica si "se trata de una posible avería o accidente, o un boicot". En caso de ser lo segundo, se pone en marcha el dispositivo de alerta a las fuerzas de seguridad.

Vigilancia compartida y a la carta

La búsqueda de fórmulas que satisfagan las necesidades en materia de seguridad hacen que las empresas del sector ofrezcan servicios a la carta pero tratando de abaratar costes. Un ejemplo de ello es el servicio de vigilancia Mobile de Securitas que, como explica Gonzalo Cano, delegado comercial en Madrid, consiste en "un vigilante compartido que realiza un itinerario controlando varios establecimientos".

Se trata de un servicio que ha sido muy bien recibido por las boticas, ya que es "más económico, entre un 10 y un 20 por ciento más barato, que los servicios de vigilancia tradicionales por horas, y que tiene un gran impacto disuasorio". Tanto es así que, dentro del amplio abanico de pymes, "éste es uno de los servicios que más éxito tiene entre las farmacias".

En Madrid o Barcelona, las rutas se organizan por la propia compañía aunque también existe la posibilidad de que un grupo de farmacias de una misma zona se pongan de acuerdo para contratar este servicio. La vigilancia se hace, según las preferencias, en horario de apertura y nocturno. De hecho, si el cliente lo solicita, "los vigilantes pueden ser los únicos que tengan las llaves de las instalaciones y ellos son los que se encargan de abrir y cerrar el establecimiento", con lo que se evita que haya duplicados de llaves del local.

Los protocolos de acción en caso de incidencia, explica Cano, "se establecen con el propio cliente" y, en función de su magnitud, "se llama o no a la Seguridad Pública" para que intervenga.