El reglamento que hoy tiene previsto aprobar el Consell Executiu de la Generalitat en relación con los espectáculos públicos está estructurado en torno a dos ejes que no siempre confluyen: la libertad y la seguridad. Dos valores que una sociedad moderna como Catalunya coloca entre los prioritarios y por cuyo equilibrio se propone velar la citada norma, que desarrolla una ley aprobada hace un año.

Una de las actividades afectadas por el reglamento que es un buen ejemplo de esa compleja ecuación es la de los after hours, que hasta ahora se han movido en la más completa alegalidad pero que cuentan con un volumen de público no despreciable. La normativa de la Generalitat les da por vez primera carta de naturaleza, pero al mismo tiempo les impone unas condiciones que cabe considerar sensatas: estar situados a un mínimo de 500 metros de cualquier zona residencial, disponer de vigilantes de seguridad privada, porteros que controlen el acceso, servicios de asistencia sanitaria y un aparcamiento propio. No será fácil que todos los locales del sector puedan cumplir estos requisitos, pero, como en tantas otras actividades, los que demuestren más profesionalidad y capacidad de adaptación a las exigencias administrativas saldrán reforzados.
Lo mismo cabe decir de las discotecas para adolescentes, que estarán vetadas a personas de más edad, y a la obligada presencia de cámaras o sensores para controlar que no se sobrepasen los aforos, un factor de riesgo demasiado frecuente en muchos locales de ocio y entretenimiento. Y quizá aún más importante será que los porteros de discotecas deban pasar un curso de formación y un test psicotécnico por parte de la Generalitat. También en los locales donde se ejerza la prostitución deberá haber un vigilante privado de seguridad por cada 50 clientes.
Junto a una mayor exigencia de seguridad, el reglamento de espectáculos debe ser una herramienta que permita conciliar mejor el derecho individual a la diversión y el derecho colectivo al descanso. En una sociedad donde el yo ha adquirido una importancia creciente y lo común muchas veces no se valora debidamente, que una norma se proponga reforzar los intereses generales es una buena noticia.

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