Es lo que tiene ser Vigilantes de Seguridad
La vista por un presunto delito de torturas, del que Levante-EMV informó en primicia, cometido por dos guardias civiles del puesto de Tavernes Blanques, y un vigilante de seguridad de un centro comercial a un detenido por hurto se convirtió ayer en una partida de ajedrez entre Juan Carlos Navarro, abogado del principal imputado, y el fiscal del caso. El motivo, las grabaciones obtenidas a través de un micro de ambiente colocado dentro del vehículo en el que se cometieron las supuestas torturas.
Durante las cuestiones previas, Navarro pidió la anulación de las citadas grabaciones, y los magistrado de la Audiencia de Valencia decidieron aplazar el juicio para decidir si las admiten o no.
Para entender su argumentación jurídica, cabe recordar que las torturas salieron a la luz dentro de una investigación por blanqueo de capitales y narcotráfico que afectaba a uno de los imputados, a Carlos P., pero no al otro. Al escuchar la grabación, los agentes de la Unidad de Asuntos Internos dieron parte al juzgado que instruía la operación Gorrión, actuación policial de la que este periódico también informó en primicia.
El magistrado, al escuchar las conversaciones en las que se oyen las vejaciones y la paliza recibida ?-los golpes se aprecian con absoluta nitidez- desgajó esa parte de la causa general y la envió al juzgado de Moncada porque el presunto delito ocurrió en Alboraia, dentro de su partido judicial.
Ayer durante el plenario, el letrado argumentó que las grabaciones se realizaron dentro de un vehículo oficial al que tenían acceso, no sólo los imputados sino todos los agentes del cuartel, y esgrimió que dicho coche era un "lugar privado" y, por tanto, la decisión del juez de Instrucción 14 de Valencia de autorizar las grabaciones afectaba directamente al derecho a la intimidad de los funcionarios del instituto armado.
Además, sostuvo que menoscababa el derecho de defensa porque no existe cobertura legal -no existe legislación específica- del artículo del Código Penal que aplicó el juez de Valencia para autorizar las grabaciones. Explicó que no se puede acudir a un artículo legal que restringe derechos sólo por analogía con otro.
El fiscal admitió que sí que falta legislación al respecto, pero que otro tipo de intervenciones tampoco están expresamente reguladas y se permiten a través de la jurisprudencia asentada por las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo a lo largo de los años. Tras las argumentaciones, la intervención de Navarro se vio recompensada: la presidenta de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial suspendió el juicio para decidir si anula o no las grabaciones.
La acusación por las torturas
Según explica el fiscal de caso en su escrito de acusación, el vigilante de un centro comercial de Alboraia, Ángel L., detuvo a un joven por hurto y avisó a la Guardia Civil. Hasta allí fueron los imputados Antonio C. y Carlos P.
Una vez recogieron al detenido, los tres acusados lo llevaron a la playa y allí, el cabo Carlos P. comenzó