Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de León detuvieron el jueves a cinco ciudadanos rumanos presuntamente implicados en la comisión de tres delitos tipificados como amenazas, coacciones, lesiones y prostitución, por lo que se les puso a disposición del juzgado de guardia.

Los hechos datan de la madrugada del miércoles, cuando una mujer de las que habitualmente ejerce la prostitución en la Avenida Ingeniero Sáenz de Miera de León, solicitó ayuda al vigilante de seguridad que se encontraba prestando servicio de carácter privado en el edificio de los Juzgados de la capital, manifestándole que ella y otras mujeres estaban siendo amenazadas por unos compatriotas que les exigían dinero por ejercer la prostitución en esa zona.

Varias dotaciones del Cuerpo Nacional de Policía se dirigieron a la zona, donde constataron que tres mujeres de nacionalidad rumana habían sido amenazadas y agredidas por otros cinco varones compatriotas, una de ellas con lesiones de consideración, por lo que fue trasladada al centro sanitario. Aunque no se temía por su vida, según la nota de prensa de la subdelegación de Gobierno de León, la víctima presentaba heridas de cierta importancia.

Control policial

Los efectivos policiales, tras establecer el correspondiente dispositivo de vigilancia y control localizaron y detuvieron a cuatro de los presuntos autores de los hechos denunciados, a los que incautaron tres armas blancas que supuestamente habían utilizado para amenazar a las víctimas. Pocas horas después era identificada y detenida la quinta persona presuntamente relacionada con los hechos, con la cual se cerraba la operación al entender los agentes que no había ningún otro participante más incluido en la denuncia de las mujeres que habían acudido a manifestar los hechos.

Uno de los implicados, indocumentado y que inicialmente facilitó una identidad falsa, había sido detenido en varias ocasiones por hechos similares en distintas provincias, por lo que ya constaban antecedentes suyos en actuaciones de este tipo.

Los detenidos, una vez que prestaron su declaración correspondiente, pasaron a disposición judicial junto a las diligencias policiales instruidas al respecto. Ahora será la autoridad judicial competente quien determine qué camino siguen las investigaciones. Las causas presuntamente denunciadas se instruirán por la vía penal, al contemplarse delitos como las amenazas, las coacciones, varias faltas y al menos un posible delito de lesiones y un supuesto de incitación a la prostitución, que serán evaluados por el juzgado instructor.

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