Medio Abierto reclama igualdad y advierte de que su situación se agrava

Es lo que tiene ser Vigilantes de Seguridad


Cinco trabajadores continúan sin percibir varios pluses, ha habido bajas de personal que no se han cubierto, y se quedan sin vigilante y también sin vehículo
En diciembre del pasado año, este medio publicaba una denuncia del equipo de Medio Abierto del Área de Menores a través de la que reivindicaba igualdad en el cobro de varios pluses que percibían unos trabajadores sí y otros no. Una reivindicación contextualizada en un clima laboral con mucha tensión al toparse los trabajadores con situaciones diarias como intervenciones de hachís, de armas blancas o incluso atentados contra el patrimonio de quienes hacen prevalecer las normas, todo ello sin recibir el plus de peligrosidad, que no cobran cinco trabajadores: un graduado social y cuatro educadores. Pues bien, diez meses después esta reivindicación continúa viva porque aún no han conseguido lo que solicitaban y, además, advierten de que su situación se agrava con el paso de los meses.
Los educadores en régimen de personal laboral, al no cobrar el plus de peligrosidad, acudieron a denunciarlo al Juzgado de lo Social, siendo denegado por el juez, mientras que los que están en régimen de funcionario han acudido al Contencioso-Administrativo y ya lo están cobrando. Lamentan que exista esta diferencia entre sentencias judiciales. Los primeros recuerdan, además, que la entonces consejera de Juventud, Deportes y Menores, Susana Román, hoy de Fomento, acudió a su centro de trabajo el mismo día que se publicó su denuncia en este medio, y prometió que llevaría el tema a Consejo de Gobierno. Aún desconocen si cumplió su promesa. De esta manera, los trabajadores critican que hay personal que cobran pluses que no les corresponde y ellos no el que sí merecen por su labor. “No me pagan la peligrosidad trabajando con delincuentes y hay gente que cobra pluses cuyas labores no desempeñan, teniendo la Ciudad conocimiento de ello”, manifiesta uno de los trabajadores.

Este no es el único de los pluses que no cobran y que consideran que por su labor deberían estar percibiendo. También están el de toxicidad y el de manejo de terminal, ya que “más de la mitad de la jornada se basa en la elaboración de informes que están sometidos a plazos judiciales”, explican.
Pero todo no queda ahí, ya que trabajando en un clima de tensión en el que desarrollan su labor, ahora temen que el vigilante de seguridad se marche de estas instalaciones –Prosegur saldrá esta semana de los centros de Menores, excepto Punta Blanca–. Para explicar la importancia de la existencia de un vigilante de seguridad en estas instalaciones, estos empleados públicos recuerdan una intervención llevada a cabo por el vigilante el pasado día 4, en la que incluso fue agredido. Tal y como relatan, un joven ex usuario acudió a estas instalaciones con síntomas de haber consumido sustancias tóxicas, queriendo acceder al interior a pesar de no estar ya ligado al centro. Al impedirle su entrada se enzarzó con el vigilante y tuvo que intervenir la Policía Local y la Guardia Civil. Tras llevarlo a Comisaría, volvió a la zona. Los trabajadores recuerdan que el informe de prevención de riesgos laborales indica claramente que no se puede atender a un usuario en estas dependencias sin la presencia de un vigilante de seguridad. “Vamos de mal en peor, y sometidos al mismo estrés”, advierten.
También alertan del trabajo de más que están asumiendo ya que pierden personal que no es sustituido, como un liberado sindical, una trabajadora social que renunció al puesto o una psicóloga, circunstancias que provocan por un lado el aumento de la ratio de casos por educador –no es lo mismo repartir las medidas judiciales entre siete profesionales que entre nueve–, y por otro el hecho de “invadir” ámbitos que, entienden, se encuentran fuera de su parcela de intervención. Y todo ello siendo “los que menos cobran en Menores. Todos somos titulados universitarios y cobramos menos que cualquier administrativo, policía y, en algunos casos, hasta ordenanzas o monitores educativos que en el mejor de los casos poseen el graduado escolar”, añaden.
Otra de las cosas por las que se quejan es porque hay funcionarios que han pasado del grupo D al C y han visto un incremento en sus nóminas, y ellos han pasado del B al A2 y no se refleja en esta.
Estos trabajadores dicen que reclaman lo que es suyo y unos pluses que corresponden con la labor que realizan en un ambiente de “estrés y ansiedad” y donde incluso han tenido que ver cómo quemaron sus oficinas cuando se encontraban en el Polígono Virgen de África. “Hemos vivido situaciones muy peligrosas poniendo incluso en peligro nuestras vidas, al vernos en un tiroteo y en medio de reyertas, o incluso confundirnos con miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, siendo rodeados en callejuelas remotas por grupos de individuos”.
Sin vehículo, retraso en la labor
Además de moverse por barrios “marginales” sin escolta policial, se han quedado sin vehículo ante la falta de conductor. Esto –dicen– les impide cumplir con garantías las sentencias judiciales, “creando una sensación de impunidad, que posiblemente vaya a fomentar el aumento de la delincuencia juvenil”, añaden. Además, recuerdan que cuando lo utilizaban era conducido por ellos mismos y que en una ocasión multaron a uno y se tiene que hacer cargo ahora de esa multa.

0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada